De aplicarse finalmente esa medida, producirá una fuerte elevación del Impuesto de Bienes Inmuebles que pagan todos los propietarios, salvo que los ayuntamientos bajen proporcionalmente el tipo de ese tributo.

Actualmente, el tipo del IBI oscila en torno al 0,6% del valor catastral de la vivienda, y lo ayuntamientos tienen potestad para rebajarlo hasta el 0,4% (o subirlo hasta el 1,1%, en los municipios de más de 100.000 habitantes). Las corporaciones locales ingresan actualmente un tercio de su recaudación por el IBI.

Precisamente, un anterior proyecto socialista de subir significativamente el valor catastral resultó frustrado por una fuerte contestación social y política, durante la cual se acuñó el término de "catastrazo".

En esa ocasión, la falta de acuerdo previo entre el Gobierno centraly los ayuntamientos restó credibilidad a la afirmación del Gobierno de que no se trataba de elevar la fiscalidad de la vivienda con carácter general, sino de hacer pagar de una manera más proporcional en función de las dimensiones de cada propiedad.