En el caso de las plazas residenciales para las personas mayores de 65 años, el Departamento de Bienestar y Familia se ha fijado el objetivo de llegar a un ratio de cobertura del 5% en 2007 entre oferta pública y privada, una cifra considerada óptima y que recomienda la Unión Europea.

Con respecto a la cobertura de las personas con discapacidades, la programación también prevé, entre otras iniciativas, la mejora en el despliegue de los centros ocupacionales.

Para 2007 está previsto que 38 sectores comarcales sobrepasen el 60% de la cobertura y que el 27% de estos sobrepasen el 90%. También se prevé una mejora de las coberturas de los centros de atención especializada (CAE) para personas con discapacidad psíquica, con la excepción de las comarcas de Ponente, donde se mantendrá la misma dotación puesto que existen otros servicios territoriales que están asumiendo la demanda.

Los CAE para personas con discapacidad física sobrepasarán el objetivo de cobertura del 70% en todo el territorio, con la única excepción del Barcelones, que pasará de estar por debajo del 30% a situarse entre el 30 y el 60%.

Entre las nuevas inversiones para el periodo 2004-2007 que se tendrán que realizar para lograr la planificación territorial destaca la creación de 47 nuevos equipamientos de promoción pública por parte del Departamento de Bienestar y Familia.

Mediante convenios y acuerdos de cooperación con las administraciones locales y con las entidades de iniciativa social se tendrán que construir entre 161 y 167 nuevos equipamientos de servicios sociales.

En el caso de los servicios de atención a las personas mayores también se contemplan los servicios de acogimiento diurno (centros de día) ligados a la construcción de residencias.

Las inversiones públicas se destinarán sobre todo a la promoción de aquellos servicios en los ámbitos territoriales en donde la iniciativa privada no tiene una actuación relevante (por razones de precio del terreno, como es el caso del municipio de Barcelona) o bien porque la iniciativa privada promociona más los servicios comunitarios que los servicios residenciales (como es el caso de las personas con discapacidad).