Clotas manifestó que su partido se encuentra muy satisfecho con el acuerdo alcanzado, en el que indicó que se han tenido en cuenta todas las considraciones del Consejo Consultivo de la Generalitat a 8 de los artículos del documento original.

En relación al tema de las sanciones, el portavoz del PSC indicó que el acuerdo definitivo deja claro que los ciudadanos no serán sancionados. Se suprime el punto primero del texto anterior, en el que se decía que los funcionarios podrían ser sancionados por no usar el catalán, en aplicación de la Ley de Función Pública.

En su lugar, se ha pactado una nueva disposición adicional sobre el "Régimen de la unción Pública". Esta nueva disposición dice que "los preceptos de esta ley vinculan al personal al servicio de la Administración, de acuerdo con las normas reguladoras de la función pública". Según Clotas, "queda tajantemente claro que esta ley no comporta sanciones para los ciudadanos y ciudadanas".

El diputado socialista indicó que, por otro lado, también se ha suprimido la obligatoriedad de que los locales o establecimientos públicos tengan que poner su nombre en catalán en el exterior de los inmubles. Sí será obligatorio poner en catalán cualquier indicación en el interior de los establecimientos, de manera que, por ejemplo, unos grandes almacenes tendrán que tener señalizado en esa lengua obligatoriamente las distintas plantas y áreas de venta.