Según informa la Junta, el resto de los escolares cuyos padres reclamaban su derecho a la objeción, se encuentran escolarizados en cursos en los que no se impartirán estas materias.

La Administración educativa regional señala que esta decisión judicial no tendrá ningún efecto real sobre la implantación de la asignatura en Castilla-La Mancha en el resto del alumnado.

Agrega que respeta todas las decisiones judiciales, pero reitera que, de los 52 alumnos implicados en el auto, sólo 11 están realmente afectados, pues 4 cursarán Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 2º de la ESO, 5 Educación Ético-Cívica en 4º de la ESO, y 2 Filosofía y Ciudadanía en 1º de Bachillerato, materias éstas últimas que con parecida denominación y similares contenidos se han venido impartiendo "con normalidad" desde hace años, afirma la Junta.

De igual modo, la Junta asegura que respeta la decisión de las familias al recurso a los tribunales y a optar por los cauces legales que considere oportunos, y señala que la objeción de conciencia a estas materias "no deriva directamente de la Constitución, sino que necesita de un reconocimiento legal, un reconocimiento que la LOE no contempla".

Asimismo, se apunta que mientras el Tribunal Supremo o el Constitucional no se pronuncien al respecto, "la asignatura es una más del currículo escolar, y no cursarla supone ir en contra de la ley".