El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León fue aprobado en enero de 2004, desarrollando íntegramente la Ley de Urbanismo de 1999. Aún hoy sólo Cataluña y Valencia cuentan también con un Reglamento de Urbanismo completo.

Precisamente, para mantener la "principal virtud" de esteReglamento, que es su carácter integral, según destacó la Junta en una nota, hay que actualizarlo cada vez que se introduce algún cambio en la Ley de Urbanismo. Por eso al modificarse ésta recientemente, se adapta ahora el Reglamento que lo desarrolla.

Lo más relevante es el aumento de la reserva obligatoria para viviendas protegidas, que se modula según el tipo de municipio y la clase de suelo.

Así en los grandes Municipios (los que cuentan con Plan General), la reserva será del 10% en el suelo urbano no consolidado, del 20% en el suelo urbanizable delimitado y del 30% en el suelo urbanizable no delimitado. En los demás municipios con más de 1.000 habitantes se mantiene una reserva del 10% en suelo urbanizable delimitado y del 30% en no delimitado.

A partir de ahora se podrán aprobar planes y proyectos regionales en caso de urgente necesidad de viviendas con protección pública, y se podrán delimitar reservas de terrenos a expropiar con destino a los patrimonios públicos de suelo.

VALORACIÓN INMOBILIARIA

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también aprobó en su reunión de hoy el decreto por el que se crea el Consejo Asesor de Valoración Inmobiliaria de Castilla y León, nuevo órgano colegiado de carácter consultivo adscrito a la Consejería de Hacienda, cuyo principal objetivo es aumentar la seguridad jurídica del contribuyente en relación a la valoración, con fines tributarios, de los bienes inmuebles situados en la Comunidad Autónoma.

El nuevo consejo asesor estudiará cómo perfeccionar los medios de comprobación de valores y propondrá las iniciativas y medidas que considere convenientes para reducir los conflictos relacionados con la comprobación de valores referidos a los bienes inmuebles.

La administración tributaria de la Comunidad establece un valor de referencia para los inmuebles, calculado a través de los precios medios de mercado, que los contribuyentes pueden emplear en la autoliquidación de los impuestos relacionados, principalmente, con la adquisición de vivienda.

Sólo en 2005 se presentaron 394.719 expedientes de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que requieren la correspondiente valoración del inmueble.