A juicio del diputado del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), Francisco Quetglas, la inhibición del titular del juzgado de insruccón número 1 de Palma, Pedro Barceló, en favor del Alto Tribunal balear "implica que existen indicios que afectan a personas aforadas, como diputados o consejeros".

Igualmente, las sospechas sobre la actuación del PP son "más que razonables" para Eberhard Grosske, coordinador de IU en Baleares, que dijo que "ahora ya no tenemos sólo el informe policial", sino también "las conclusiones de un juez que determina que hay indicios razonables de que se han cobrado dichas comisiones".

En su opinión, "la nhibición del juez en favor del TSJB tiene el efecto político colateral de hacer más insostenible la posición política de quienes están implicados en el cobro de comisiones".

Por su parte, uno de los políticos del Partido Popular de Baleares afectados, el presidente del Consejo Insular de Ibiza y Formentera, Antoni Mari Calbet, declaró tras conocer la fusión de las causas del caso Sóller en el TSJB que "todo esto me importa un bledo", y añadió que "no tengo nada que ver, no sabía nada ni sé nada".

Los aforados que deberán ahora prestar declaración en el TSJB son Antoni Mari Calbet, presidente del Consejo Insular de Ibiza y Formentera; Joan Huguet, actual presidente del Parlamento balear del PP regional; y José Antonio Berastain, consejero de la Función Pública.

Los tres políticos figuran en el sumario del "caso Sóller", que dio lugar a la dimisión del presidente Gabriel Cañellas, como titulares de las cuentas investigadas por la Policía en sendas sucursales del antiguo Banco de Ibiza y la Banc March.

El informe policial indica que la empresa constructora del túnel de Sóller, propiedad de Antonio Quart -ex socio y amigo personal de Gabriel Cañellas- ordenó el ingreso en cuentas corrientes bajo la titularidad de los tres aforados por valor de 45 millones de pesetas.

El Alto Tribunal balear ya investigaba paralelamente al juzgado de instrucción, el presunto cobro de estas comisiones por parte de dirigentes del PP y del Gobierno balear, a raiz de una denuncia y posterior querella criminalpresentada por Izquierda Unida, por un presunto delito de prevaricación continuada.

La adjudicación de las obras a la empresa de Antonio Quart por parte del Consejo de Gobierno balear estuvo envuelta en la polémica desde el principio. La insolvencia de Quart obligó al Gobierno a retirarle las obras y entregarlas a FCC el pasado otoño.