CASO SOLLER. DOS INGENIEROS DE FCC DECLARARAN MAÑANA ANTE EL JUEZ
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El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que instruye el 'caso Sóller', Juan López Gayá, ha citado a declarar para mañan a Diego Suárez y Mateo Estany, ingenieros de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la empresa concesionaria de las obras del túnel de Sóller.
La toma de declaración de ambos técnicos, en calidad de testigos, responde a una petición que había formulado Ladislao Roig, fiscal del caso.
Tanto Suárez como Estany ya habían declarado ante la comisión parlamentaria que investigó la adjudicación de las obras del túnel a la empresa de Antonio Quart, amigo personal y ex socio en la empresa Salinera spañola, de Gabriel Cañellas.
En aquella ocasión, indicaron que las tres prórrogas concendidas por el Consejo de Gobierno balear, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, a la empresa de Quart respondían a cuestiones de índole económica y no técnica.
Mientras, el juez del TSJB continúa a la espera de recibir la documentación requerida al PP balear sobre los movimientos financieros realizados en 1989, un año después de producirse la polémica adjudicación. López Gayá investiga el presunto coro de comisiones ilegales.
Por el momento, a su despacho sólo ha llegado un informe sobre los movimientos realizados ese año en cuentas del PP abiertas en la antigua Banca Abel Matutes-Banco de Ibiza (hoy Banco San Paolo), una documentación que solicitó el magistrado a los responsable de dicha entidad.
La rapidez con que ha actuado el Banco San Paolo para entregar esa documentación contrasta con lo indicado en el atestado de la Policía Nacional, que al pedir los mismos documentos denunció "obstrución" por parte de sus responsables.
Precisamente, Abel Matutes Tur, presidente del Banco San Paolo, rechazó hoy, en declaraciones a Servimedia, que la entidad hubiera "obstruido" la investigación policial, y explicó que cuando se le requirió dicha información no se facilitó por problema técnicos, al no disponer en la central de Ibiza de servicio informático.
Dicho servicio dependía de la empresa STA, ligada a Banesto, entidad financiera que poseía entonces el 50% de las acciones del antiguo Banc de Ibiza, señaló Matutes Tur, que responsabilizó por tanto a STA de no remitir la información solicitada.
El Banco de Ibiza estaba presidido en 1989 por Abel Matutes Noguera, padre del ex comisario europeo Abel Matutes Juan, que nunca tuvo relación alguna con la entidad de ahorro, afirmó Matutes Tur.
(SERVIMEDIA)
20 Jul 1995
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