Esta ha sido la única revelación que ha trascendido de la declaración prestada por el empresario mallorquín ante el magistrado Juan López Gayá, instructor del caso Sóller por el presunto pago de comisiones ilegales al PP por parte de la empresa adjudicataria de las obras.

La abogada María Durán, que reiteró su acusación contra el Gobierno baler por sendos delitos de prevaricación y cohecho, señaló que Antonio Cuart "ha aportado datos relevantes en su comparecencia".

IU, en su condición de acusación particular, solicitó al juez López Gayá, que el próximo en declarar sea el ex presidente del Gobierno Gabriel Cañellas y, en su defecto, el presidente del Parlamento balear, Joan Huguet, que ocupaba el cargo de vicepresidente del Ejecutivo autónomo cuando se produjeron los hechos denunciados.

En su conjunto, los políticos implicados en el poceso judicial son Antoni Mari Calbet, presidente del Consell Insular de Ibiza y Formentera; Joan Huguet, ex presidente del Consejo Insular de Menorca y actual presidente del Parlamento balear, así como presidente del PP balear; José Antonio Berastain, consejero de la Función Pública del Gobierno balear y el propio Gabriel Cañellas.

Los tres primeros figuran en el sumario como titulares de las cuentas investigadas por la Policía en sendas sucursales del antiguo Banco de Ibiza y la Banca March.

Elinforme policial señala que la empresa constructora del túnel de Sóller, propiedad de Antonio Quart -ex socio y amigo persona de Gabriel Cañellas- ordenó el ingreso en cuentas corrientes bajo la titularidad de los tres aforados por valor de 45 millones de pesetas a repartir.