Vázquez explicó que, como consecuencia de las pruebas analíticas que se efectúan de forma rutinaria en muestras del cerebro de perros sacrificados, fueron detectados dos presuntos casos de rabia en Málaga y Cádiz.

Esta primera conclusión dio pie a que el Consejo General de Colegios Veterinarios de España (CGCVE) confirmara ayer la existencia de un caso de rabia canina en Málaga, lo que parecía terminar con la considerción de "isla" libre de esta enfermedad que mantiene España desde hace años en el contexto de los países europeos.

El CGCVE efectuó esa afirmación coincidiendo con la publicación de una nota en la que criticaba con dureza que el Gobierno Vasco haya dejado de organizar la campaña obligatoria anual de vacunación contra la rabia, por considerarla innecesaria, "a pesar de que la rabia selvática está al otro lado de la frontera con Francia".

"FALSO POSITIVO"

Sin embargo, las pruebas posteriores "de epetición de inoculación de inmunofluorescencias e inoculación a ratones" dieron resultado "falso positivo": es decir, negativo, recalcó Vázquez, quien se mostró "totalmente seguro" de que se ha tratado de "una falsa alarma, a pesar de que llevará todavía un tiempo disponer de resultados definitivos".

El director general de Atención Sanitaria del SAS aclaró a esta agencia que el "falso positivo" se había producido debido a "una reacción cruzada en estafilococos".

También precisó Vázquez que los rspectivos test de confirmación fueron enviados a Valencia, Majadahonda y Atlanta (Estados Unidos).

Si se hubieran confirmado ambos casos de rabia, el SAS hubiera tenido que realizar un estudio epidemiológico en Andalucía, según informaron fuentes del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

Ante la pregunta de por qué, a pesar de que existe vacunación obligatoria contra la rabia en Andalucía, este año las autoridades no habían publicado ni circular ni normativa al respecto, Ricardo Vázuez contestó que no era necesario, puesto que está en vigor una orden conjunta de las consejerías de Agricultura y Salud, de 1987, que obliga a una vacunación anual en los meses de mayo o junio.

El SAS considera que la situación es de normalidad, aunque mantiene las medidas de control y vigilancia adecuadas, en colaboración con diferentes organismos e instituciones.