Según un comunicado de este colectivo profesional de Hacienda, el Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Agencia Tributaria "no está actuando ante numerosas denuncias efectuadas por asociaciones y sindicatos, que constituyen también gravísimas irregularidades que precisan ser investigadas y atendidas".

La asociación señala que "la muestra más reciente de la pasividad con que afronta la Agencia las irregularidades es que el SAI se ha limitadoa enviar una amplísima circular en abril a los inspectores de la Oficina Nacional de Inspección (ONI), en la que se explica detalladamente el régimen de incompatibilidades y las graves y muy graves sanciones establecidas en el régimen disciplinario".

Dicha circular, según los subinspectores, ha provocado gran indignación entre los sindicatos, ya que es conocido que en Madrid, Barcelona y Valencia hay un elevado porcentaje de altos cargos y puestos de jefatura que incumplen este régimen.

Incluso, ñaden, algunas personas con puestos de responsabilidad están impartiendo masters en asesoría fiscal a asesores que después pasan inspecciones de contribuyentes, lo que según los subinspectores debería inquietar a la dirección de la Agencia.

Añaden que los servicios de control de la Agencia Tributaria "deben intervenir en cuanto hay indicios o denuncias internas y no esperar a que salgan a la luz pública", porque así se evitaría "el gran daño y efectos negativos que los citados hechos causan, y que se raducen en una desmotivación generalizada de los funcionarios y en un quebranto de la conciencia ciudadana a la hora de efectuar su declaración del IRPF".

Frente a este criterio, los subinspectores informan que su asociación ha venido denunciando irregularidades desde diciembre de 1997, primero ante el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, y luego ante la Comisión de Seguridad y Control.

"La Agencia", añaden, "en ningún momento ha enviado a la Inspección de los Servicios a las delegacione para investigar estos hechos. Incluso en alguna ocasión en que iba asistir para otras comprobaciones, ha dejado de ir, al solicitar los subinspectores hablar con ellos".

120.000 MILLONES

Los subinspectores de tributos denuncian también la existencia de presiones por parte de la propia Agencia para que cesen en sus denuncias, y advierten que "si se llega a saber algún día lo ocurrido en la Inspección en 1998, estaremos ante un nuevo escándalo".

"Es muy grave", afirman, "que se hayan dejado sin espuesta preguntas tan importantes como por qué se anularon 120.000 millones de pesetas de actas de inspección en 1998, qué ha sucedido con la contabiliación de delitos fiscales no denunciados o por qué se han disparado las disconformidades, especialmente en Madrid y Valencia".

La Asociación de Subinspectores concluye que "sólo a través de una comisión de investigación (en el Parlamento), que sería muy rápida y concreta, podría averiguarse la verdad, evitando que vuelvan a suceder hechos muy preocupanes".