Según fuentes del despacho del letrado, García Montes aoya la decisión del magistrado, que ha sido interpretada por los defensores de los querellados como "un acto de cierre de la campaña electoral".

García Montes remitió la pasada semana un informe a la Sala Segunda en el que defendió la vigencia de la ley de 1912, que prevé que los procesos contra aforados deben mantenerse en el Alto Tribunal hasta el final, con independencia de la vida legislativa de las Cámaras.

Esta ley fue argumentada por el abogado del PP, también personado en el caso como acuación, para pedir al Tribunal Supremo que mantuviera su competencia en el "caso Filesa", pese a la disolución de las Cortes.