CASO FILESA'. LOS PROVEEDORES SIGUEN NEGANDO QUE FILESA PAGASE TRABAJOS PARA EL PSOE
- Barbero se niega a paralizar las diligencias durante el periodo electoral
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La tercera jornada de toma de declaraciones por parte del magistrado Marino Barbero a los responsables de empresas proveedoras del PSOE y de Filesa se desarrolló sin novedades, dado que los comparecientes no aportaron ningún dato esclarecedor para la investigación que efectúa el juez del 'caso Filesa' sore la supuesta financiación irregular del Partido Socialista, según informaron fuentes jurídicas.
El primero en comparecer ante el juez fue Iñigo Larrazábal, responsable de El Viso Publicidad, empresa que según los peritos de Hacienda facturó en 1989 un total de 260 millones de pesetas a Filesa por tres estudios.
Durante su declaración, Larrazábal reconoció que su empresa mantuvo relaciones comerciales tanto con Filesa como con el PSOE, aunque precisó que los trabajos realizados para cada uno de llos eran independientes.
Asimismo, en contra de las conclusiones de los peritos, negó que Filesa abonase las facturas correspondientes a trabajos realizados para el PSOE y señaló que desconocía el contenido concreto de dichos trabajos, al igual que ocurría con los realizados para otras empresas.
En su informe, los peritos de Hacienda indicaron que Filesa asumió la facturación de trabajos que presumiblemente fueron prestados por El Viso Publicidad al PSOE y destacaron que el Partido Socialista er su verdadero cliente.
Agregaron que los trabajos realizados por El Viso Publicidad para Filesa no tenían nada que ver con la actividad real de esta última empresa y señalaron que no está acreditada documentalmente la existencia de los informes realizados, sino que tan sólo consta el pago por parte de Filesa de 150 millones de pesetas.
Tras Larrazábal, compareció ante el magistrado Carlos Manuel García Pardo, ex directivo de Producciones Dobbs, empresa dedicada a la organización de congresos, quedebía haber testificado el pasado viernes, aunque su declaración fue aplazada hasta hoy.
Según las mismas fuentes, García Pardo dijo desconocer todas las relaciones comerciales mantenidas por esa empresa con el PSOE y con Time Export, dado que en mayo de 1989 dimitió de su cargo en Producciones Dobbs, abandonando la sociedad.
De acuerdo con los peritos, esta empresa tuvo un volumen de operaciones en 1989 de un total de 610 millones de pesetas, facturación que procedía en un 70 por ciento del PSOEy un 10 por ciento de Time Export.
Los peritos señalaron en el informe que Producciones Dobbs giró a Time Export una factura de más de 60 millones por la realización de un estudio cuyo contenido no guarda relación con sus actividades. Además, no consta su existencia ni tampoco el contrato entre ambas empresas.
Además, Dobbs prestó diversos servicios al PSOE con motivo de las elecciones de 1989 y 1990 por un importe global de unos 480 millones de pesetas, aunque, según los peritos, no consta ningú contrato y la contabilidad y facturas emitidas por Dobbs presentan anomalías e irregularidades.
Barbero tomará declaración mañana, miércoles, a Ramón Gómez Redondo, administrador único de Mabuse S.A., empresa dedicada al vídeo publicitario, con lo que concluirá esta ronda de comparecencias.
PERIODO ELECTORAL
Por otra parte, el juez ha rechazado la petición formulada por la defensa del senador socialista Josep Maria Sala para paralizar las diligencias durante el periodo electoral. A juicio de Brbero, cuya decisión coincidió con la opinión del fiscal, no es necesaria dicha paralización del proceso dado que entre los querellados no hay ningún candidato a los comicios y, además, las diligencias son perfectamente conocidas por la opinión pública.
Además, el magistrado estima que no se debe paralizar la instrucción cada vez que se celebren unas elecciones, en contra del criterio que sostuvo el pasado año, en que suspendió las actuaciones con motivo de las elecciones generales del 6 de junio.
En este sentido, el abogado Marcos García Montes, que ejerce la acción popular en nombre de José María Ruiz-Mateos y de Christian Jiménez, solicitó hoy al juez la suspensión de todas las diligencias hasta que no se celebren las próximas elecciones, con el fin de que "no se produzca beneficio o manipulación alguna" del caso por parte de ningún partido.
En un escrito presentado hoy al magistrado, García Montes señala que "es más que previsible que en campaña electoral, los grupos políticos -para quien an todos nuestros respetos pero en los que no confía el letrado abajo firmante, por cierto- puedan tener interés en explotar lo actuado en el presente procedimiento y concretamente las diligencias que se vienen practicando".
(SERVIMEDIA)
31 Mayo 1994
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