El pleno, en el que participarán los 14 magistrados que conforman la Sala y al que podrán asistir también los magistrados suplentes, discutirá, entre otras cuestiones, los criterios generales para decidir sobre el futuro de las cerca de 40 causas especiales abiertas contra diputados y senadores tras la disolución de las Cortes, el pasado día 13.

Según informaron hoy fuentes jurídicas, los defensores de esta propuesta se acogen al doble fuero, como senador y diputdo, de Josep María Sala en función del artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

De acuerdo con el citado precepto, al haber sido designado senador por el Parlamento catalán, ambos cargos permanecen intactos a la espera de que la Cámara autonómica le ratifique en su escaño, una vez celebradas las elecciones.

Los partidarios de esta tendencia defienden también "el espíritu" recogido en la ley de 1912 rescatada por el PP, que prevé que la competencia del Tribunal Supremo en las causas conta aforados se mantiene hasta el final "con independencia de la vida legal de las Cortes" y que no tiene más intención que la de evitar que los parlamentarios intenten sutraerse de la acción de la Justicia renunciado a su cargo.

Las mismas fuentes añadieron que estos magistrados consideran que la causa debe mantenerse en suspenso en virtud también del principio de "economía procesal". Este concepto, que no está recogido en las leyes, busca el sentido práctico de la Justicia, de forma que se pretende evtar que un proceso cambie de jurisdicción cuando la instrucción se encuentra avanzada, lo que ocurre en el "caso Filesa".

Fuentes del alto tribunal indicaron por otra parte que existe un segundo grupo de magistrados partidarios de enviar las causas a sus juzgados de origen, ya que estiman que la Constitución es clara al afirmar en sus artículos 68 y 69, que los parlamentarios perderán su condición una vez disueltas las Cámaras.

En este caso, los magistrados defienden que el "caso Filesa" debe serremitido no obstante al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya que Sala sigue siendo diputado en el Parlamento autónomo, aunque este tribunal no es competente si los hechos delictivos se producen fuera del territorio catalán.