Pablo Jiménez de Parga, abogado del administrador de Filesa, Luis Oliveró, pedirá porsu parte al instructor la elaboración de un informe pericial paralelo al estudio realizado por los tres inspectores de Hacienda adscritos al caso, que confirmaron que la empresa recibió 1.000 millones de pesetas por informes inexistentes y realizó pagos por cuenta del PSOE.

Jiménez de Parga se une así a la solicitud del abogado del ex diputado socialista Carlos Navarro, que consideró que el informe pericial no había sido imparcial y que los inspectores se habían extralimitado en sus funciones, al acomañar al instructor en los registros a las empresas y seleccionar los documentos que debían incautarse.

Por su parte, el fiscal del caso, Antonio Salinas, piensa solicitar al magistrado la práctica de nuevas diligencias, entre las que figura la citación de los máximos responsables de las empresas que pagaron a Filesa por informes que nunca llegaron a realizarse.

Según indicaron fuentes próximas a la investigación, Salinas considera que la instrucción comienza en el momento en que se ha podido confrmar el informe pericial y la existencia de irregularidades contables y documentales en las sociedades investigadas.

Para el fiscal, la comparecencia de los responsables de estas empresas, entre las que figuran ABB, Focsa, Abengoa, Pryca, Enasa, BBV y Cepsa, no arrojó ningún dato, ya que se limitaron a aportar copias de los citados informes o, en su lugar, a comentar que habían sido destruidos o se encontraban desaparecidos.

La mayoría de las personas que testitificaron aseguraron además ser recintes en las citadas empresas y trasladaron la responsabilidad a sus predecesores en el cargo.