En un auto notificado hoy a las partes, Barbero pide también a la Agencia Estatal Tributaria información sobre la situación fiscal de las empresas que pagaron cientos de millones de pesetas a Filesa por informes inexistentes y se interesa por los movimientos de las cuentas corrientes del ex diputado socialista Carlos Navarro y los administradores de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, desde 1987.

El instructor excluye "expresamente" de esta lista a Josep Maria Sala, por estimar "más procedent" esperar a que sea confirmado en su puesto de senador por el Parlamento catalán e investigar su situación económica y fiscal "una vez solicitado y concedido el oportuno suplicatorio".

En el escrito, Barbero considera necesario practicar estas nuevas diligencias una vez reanudada la investigación de la causa y tras ratificarse el informe de los peritos de Hacienda, que confirmaron los pagos irregulares a Filesa que, además abonó recibos por cuenta del PSOE.

El magistrado da un plazo de cinco díasa la Ejecutiva Federal del PSOE para que certifique "quién elabora los presupuestos anuales del partido", "quién aprueba los mismos", "quién aprueba los balances de situación anual y la cuenta de pérdidas y ganancias" y "quién es el responsable ante la Administración Tributaria del contenido de las declaraciones fiscales".

El instructor precisa que, en caso de que sea un órgano colegiado el que se ocupe de los presupuestos, el partido determine cuántos miembros lo componen y exige además la entrega delas actas de aprobación correspondientes a los ejercicios de 1987 a 1991, ambos inclusive.

Barbero puntualiza que para complementar esta información es necesario "conocer el funcionamiento interno" del partido, por lo que acuerda dirigirse a la Secretería General Técnica del Ministerio del Interior para que "a la mayor brevedad posible" remita copia certificada del los Estatutos del PSOE.

Reitera a su vez al partido que debe enviar la contabilidad ordinaria de los años 1990 y 1991 y solicita tambén los acuerdos de la Ejecutiva relativos a la dimisión del diputado Carlos Navarro.

DECLARACIONES DE LAS EMPRESAS

Por lo que respecta a las empresas que pagaron por "supuestos informes" a Filesa y Time Export, Barbero cree que debe averiguarse si presentaron por ello declaraciones complementarias, con posterioridad al 1 de septiembre de 1992, de su situación tributaria entre 1987 y 1991, y quiere que la Agencia Tributaria especifique el concepto tributario y el ejercicio económico correspondiente. Las entidades que se ven afectadas son Pryca, Enasa, Focsa, Catalana de Gas, BBV, Banco Central Hispano, ABB Energía, Elsan, Cepsa, Abengoa, Tecnoholding, TEMA, Noxman, Seat, Internacional de Montajes Metálicos, Camunsa y Eusis (en la actualidad Sanidad Balear).

Asimismo, el magistrado pide la relación de cuentas bancarias de los querellados, a excepción del ex senador Josep Maria Sala, abiertas desde 1987, y la identificación de otras cuentas a las que tengan acceso.

Barbero requiere tambiénla documentación sobre su situación tributaria, incluyendo autoliquidaciones, actas de inspección y declaraciones fiscales, desde 1987.

El juez entregó asimismo hoy a las partes el acta de la ratificación del informe de los peritos de Hacienda, llevado a cabo el pasado día 8 de junio, en el que confirmaron las irregularidades contables detectadas en el grupo de empresas y su relación con el PSOE.