En un informe remitido ayer a la Sala, Barbero mantiene su competencia sobre el caso en virtud de la condición de diputado autonómico catalán de Josep Maria Sala, uno de los cuatro querellados por la presunta financiación ilegal del PSOE.

El magistrado aplica en su argumentación el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por el que los parlamentarios catalanes deben ser investigados por el Tribunal Supremo si los hechos objeto de querella se cometen fuer del territorio de esta comunidad autónoma.

En este caso, según las mismas fuentes, Barbero, aunque no hace imputaciones directas, defiende que los hechos investigados "indiciariamente podrían ser constitutivos de delito", y éstos se produjeron además fuera de Cataluña.

En el informe, que consta de cuatro folios, el instructor hace referencia además a la ley de 1912, que señala que el Tribunal Supremo debe mantener su competencia en los casos contra aforados hasta el final del proceso, con indepedencia de la vida legislativa de las cámaras.

Marino Barbero estima que la ley de 1912 sigue vigente, aunque en el "caso Filesa" no es aplicable porque previamente debía haberse pedido el suplicatorio a las Cortes.

(SEGUIRA AMPLIACION)