En un informe remitido ayer a la Sala, Barbero mantiene su competencia sobre el caso en virtud de la condición de diputado autonómico catalán de Josep María Sala, uno de los cuatro querellados por la presunta financiación ilegl del PSOE, y, aunque no hace imputaciones directas, sí afirma que los hechos investigados podrían constituir delito.

El magistrado aplica en su argumentación el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por el que los parlamentarios catalanes deben ser investigados por el Tribunal Supremo si los hechos objeto de querella se cometen fuera del territorio de esta comunidad autónoma.

Según las mismas fuentes, en este caso, Barbero, aunque no acusa de un delito concreto a Sala, defiende qu los hechos investigados "indiciariamente podrían ser constitutivos de delito", y éstos se produjeron además fuera de Cataluña.

En el informe, que consta de cuatro folios, el instructor hace referencia también a la ley de 1912, que señala que el Tribunal Supremo debe mantener su competencia en las causas contra aforados hasta el final del proceso, con independencia de la vida legislativa de las cámaras.

Marino Barbero estima que la citada ley sigue vigente, pero en el "caso Filesa" no es aplicabl porque el precepto tiene vigor tan solo para las causas en las que las Cortes ya han concedido el correspondiente suplicatorio.

Tras la entrega de este informe, la Sala Segunda deberá decidir sobre la cuestión de comptencia que se planteó el pasado 13 de abril, cuando las Cortes fueron disueltas por la convocatoria de elecciones anticipadas.

Con la disolución de las cámaras, el diputado Carlos Navarro y el senador Josep María Sala perdieron su fuero como parlamentarios, aunque éste último contina siendo diputado en el Parlamento catalán.

Por este motivo, el pleno de la Sala se reunió y acordó paralizar la causa hasta que el tribunal del caso decidiera sobre su competencia, después de contar con los informes previos de todas las partes implicadas y del instructor.

El fiscal, el abogado del Estado y las acusaciones particulares defendieron aunque con diferentes argumentos la competencia del Tribunal Supremo para seguir investigando la causa, mientras que los abogados de los querellados soicitaron que el caso fuera remitido a los juzgados de instrucción de Barcelona, donde fue presentada la querella.

Ahora deberá ser la Sala integrada por Enrique Ruiz Vadillo, José Augusto de Vega y Luis Román Puerta la que emita un dictamen al respecto.

Fuentes del Tribunal Supremo indicaron sin embargo, que el informe permanecerá en un sobre lacrado hasta después de las elecciones y que la Sala no dictaminará hasta entonces porque tiene aún alrededor de 14 recursos, entre ellos seis del "caso Fiesa" que resolver, antes de pronunciarse sobre la competencia.

Mientras tanto, nadie tendrá acceso al informe de Barbero, ni siquiera las partes, ya que se trata de un escrito requerido y enviado directamente a la Sala.