Para Barero, este acto político ha resultado "de excepcional transcendencia" para el procedimiento, ya que le imposibilita para solicitar el pertinente suplicatorio o acordar el sobreseimiento, "lo que se aprestaba a decidir una vez practicada por los peritos la ratificación de su informe, acordada para dos días más tarde".

En un breve escrito de apenas dos folios, el magistrado explica a requerimiento de la Sala que durante la instrucción de la causa no ha acordado ninguna medida cautelar o dictado resolució inculpatoria contra Josep Maria Sala por carecer del correspondiente permiso del Senado para proceder contra él.

La Sala pidió el pasado viernes al magistrado que se pronunciara al respecto para evaluar la competencia del Tribunal Supremo para instruir la causa una vez disuelto el Parlamento, ya que de los dos aforados querellados sólo Sala, por su condición de diputado catalán, mantiene su inmunidad parlamentaria.

"Como esa excelentísima sala conoce mejor que este instructor", cita el texto, "n cabe inculpación ni procesamiento de senadores, ni dictar medida cautelar alguna en contra de ellos, sin la previa autorización de la Cámara respectiva, de acuerdo con lo que prevé el artículo 71.2 de la Constitución y concordantes".

Barbero argumenta que esperaba decidir sobre el futuro de la causa una vez que los peritos se ratificaran en su informe, "someterlo a las eventuales aclaraciones solicitadas por el ministerio fiscal o las partes personadas y consultar al menos los más de 8.000 folios a qe se eleva el rollo".

Su propósito era tan firme "hasta el extremo de haber decidido no decretar la práctica de ninguna otra diligencia por quedar las actuaciones para el estudio del instructor con la finalidad mencionada".

El magistrado había remitido el mismo día que fueron convocadas elecciones un informe en el que comunicaba que no tramitaría los suplicatorios sin que las partes se hubieran pronunciado antes sobre el dictamen de los peritos de Hacienda que señalaron a Navarro y Sala como los esponsables de la gestión del grupo de empresas de Filesa, en cuya contabilidad detectaban indicios de falsedad.

En dicho auto, Barbero sostuvo que en un proceso tan "enmarañado, complejo y denso" es "materialmente imposible" emitir un informe razonado sin disponer del análisis que del dictamen pericial hicieran las partes.