La enfermedad comenzó a manifestarse a principios del mes de mayo en la localidad de Torrejón de Ardoz y pronto se extendió a Castilla-La Mancha, Orense y Cantabria.

Las investigaciones se centraron en una posible intoxicación alimentaria, por lo que se realizaron estudios epidemiológicos, anatomopatológicos, toxicológicos y químicos, entre otros. Fue a partir de junio cuando los expertos comenzaron a relacionar la enfermedad con el consumo de aceite sin marca.

Así, a raíz de una querella presentada por el Ministerio Fiscal, la Audiencia Nacional inició el 26 de junio de 1981 una investigación sobre el caso, que se convirtió en un sumario de más de un millón de folios, así como con 10.000 carpetas de afectados.

El auto de conclusión de sumario se dictó el 11 de noviembre de 1983, pero la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo revocó, ya que los magistrados acordaron deducir testimonio para que se investigasen las posibles responsabilidades de ciertas autoridades y funcionarios de la Administración.

El juicio se celebró cuatro años de después. Comenzó el 30 de marzo de 1987 y en el banquillo de los acusados se sentaron 38 procesados, todos ellos empresarios del aceite. Durante la vista oral declararon 1.086 testigos y 180 peritos.

El juicio, que se celebró en sesiones de mañana y tarde, en jornadas que en ocasiones se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, concluyó el 28 de junio de 1988, es decir, más de un año después de su inicio.

PRIMERA SENTENCIA

La sentencia del caso se conoció casi un año después, el 20 de mayo de 1989. El tribunal condenó a 13 de los 38 acusados a penas que oscilaron entre los 6 meses de arresto y los 20 años de reclusión mayor por delito contra la salud pública, imprudencia profesional y estafa.

En la sentencia, la Audiencia Nacional fijó las indemnizaciones en cantidades que iban desde las 150.000 pesetas hasta los 90 millones de pesetas.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Nacional fue recurrida tanto por las defensas como por las acusaciones ante el Tribunal Supremo, que la casó el 23 de abril de 1992, que elevó las penas a más de 80 años de prisión.

Además, el 3 de junio de 1985, a raíz de la deducción de testimonio acordada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en esta sede judicial se abrió otra causa contra una serie de funcionarios.

El 27 de agosto de 1994 se dictó auto de apertura de juicio oral contra 7 funcionarios por delitos contra la salud pública con resultado de muerte y lesiones.

Este segundo juicio relacionado con el escándalo de la colza comenzó el 9 de octubre de 1995 y se prolongó durante cinco meses, concluyendo a mediados del mes de marzo. SEGUNDA SENTENCIA

La sentencia, que se dictó a finales de mayo de 1996, condenó por una falta de imprudencia simple a una multa de 20.000 pesetas y declaró al Estado responsable civil subsidiario. Asimismo, redujo a la mitad las indemnizaciones, que sólo podrían ser reclamadas por los afectados que se hubieran personado en esta segunda causa.

Como ocurrió con la primera sentencia, esta segunda también fue recurrida ante el Supremo, que la casó el 26 septiembre de 1997.

El Alto Tribunal condenó a dos funcionarios (uno más que la sentencia de la Audiencia Nacional) a seis meses y un día de cárcel por un delito de imprudencia temeraria. Además, los magistrados elevaron las indemnizaciones al 100%, y no sólo para los afectados personados, sino para todos.

Según datos oficiales constatados judicialmente, el síndrome tóxico terminó con la vida de 346 personas. A fecha de 24 de abril de 2006 quedan 36 expedientes de responsabilidad civil, que se encuentran pendientes de documentación médica o que no han concluido por problemas en la declaración de herederos.

La fase relativa a las reclamaciones por responsabilidad civil comenzó el 19 de febrero de 1999, fecha en la que la cuarta y última sentencia notificada por el "caso de la colza" fue declarada firme.

Así, y tal como prevé el Código Civil, se abrió un plazo de 15 años para tramitar los expedientes que finalizará en 2014. En total abrieron 18.517, aunque existen unas 300 personas con derecho a cobrar indemnizaciones que aún no han presentado su solicitud.

Hasta el 26 de abril de 2006 se han pagado, en concepto de indemnizaciones un total de 2.374.943.831 euros.