Los citados a declarar son el concejal del PP en Calviá Bartomeu Bonafé y su hijo; los ex concejales Miguel Gómez y Jesús García Oeo, también del PP; y Miguel Deyá, ex vicepresidente del PP de Calviá, y uno de sus empleados.

La Audiecia Provincial de Palma condenó en 1993 a Andreu Bordoy, ex vicepresidente del PP en Calvía, a Guillem Ginard, asesor urbanístico del PP en 1992, y a Miguel Deyá, a penas de arresto mayor de entre 4 y 6 meses, y al pago de 100 millones de pesetas.

El juez ordenó la reapertura del caso después de que Andreu Bordoy le entregase un documento por el que Eduaro Vellibre, ex vicepresidente del PP de Calvía, se comprometía a abonar los cien millones de pesetas de multa que imponía la sentencia.

El magisrado ha ordenado también que la policía judicial localice al empresario constructor José María Márquez, después de que Bordoy declarase que éste podría haber aportado los cien millones de pesetas para instar al concejal socialista a apoyar la frustrada moción de censura.

El Partit Socialista de Mallorca (PSM) denunció hoy la conexión entre el "caso Calviá" y la operación urbanística de Ses Covetes, que fue promovido por el Ayuntamiento de Campos, del PP, y en el que aparecía como promotora Terrussán, dministrada por Márquez. El proyecto fue paralizado por la protesta de los ecologistas y los grupos políticos de la oposición en Campos.