Por su parte, el Partit Socialista de Mallorca (PM) ha remitido un escrito al ministerio fiscal pidiéndole que actúe de oficio y reabra este asunto, en el que resultaron condenadas en 1993 tres personas por intentar comprar a un concejal del PSOE de Calviá para desalojar de la alcaldía a los socialistas, a fin de facilitar una operación urbanística.

Los condenados fueron el dirigente del PP Andrés Bordoy, el militante popular Miguel Deyà, asesor del partido en cuestiones urbanísticas, y el promotor Guillem Ginard, sentenciados a pagar sendas multas e 100 millones de pesetas, así como a penas de cárcel de cuatro meses para los dos primeros y de seis para el tercero.

Joan Huguet explicó hoy en rueda de prensa en Palma de Mallorca que ha relatado directamente a la dirección nacional del PP el desarrollo de los últimos acontecimientos, y que ha recibido como respuesta "que siguiésemos adelante con la postura que habíamos adoptado".

El presidente del PP balear defendió la desvinculación del partido con el caso, que ha resurgido después de que elex vicepresidente del PP en Calviá, Andreu Bordoy, entregase al juez un documento que podría implicar al ex presidente del PP en esa localidad Eduardo Vellibre.

Según ese documento, Vellibre se comprometía a pagar los 100 millones de pesetas de multa que le fueron impuestos a Andreu Bordoy tras ser condenado por el "caso Calviá" en 1993.

Por otra parte, y a la espera de que el juez abra diligencias, el Partido Socialista de Mallorca (PSM) ha remitido un escrito al ministerio fiscal solicitándole ue actúe de oficio y reabra el caso.

Pere Sampol, portavoz del PSM, asegura que "los cien millones de pesetas que Vellibre se comprometía a pagar tenían que proceder del partido, por lo que se impone una depuración de responsabilidades".