CASO AZPIEGITURA. EL GOBERNADOR CIVIL DE VIZCAYA SERA JUZGADO POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACION

-La defensa de uno de los procesados denuncia en el juzgado la filtración de los autos judiciales a la prensa antes de ser comunicados a las partes personadas

BILBAO
SERVIMEDIA

El gobernador civil de Vizcaya, Daniel Arranz, no presentará su dimisión, a pesar de que la Audiencia de Vizcaya ha dicado un auto que ratifica su procesamiento por un presunto delito de prevaricación por la juez que instruyo el llamado "caso Azpiegitura", una supuesta estafa cometida a la Diputación Foral de Vizcaya en la construcción de un edificio oficial.

Fuentes cercanas al gobernador recordaron que el auto dictado por la Audiencia Provincial no supone ninguna prueba de culpabilidad, ya que habrá que esperar todavía a conocer, en primer lugar, la calificación de hechos y petición de penas que hacen tanto el fisca como las acusaciones particulares, entre ellas HB, y después el resultado del juicio.

La Audiencia Provincial de Vizcaya ha dictado durante el presente mes de enero varios autos que ratifican la mayor parte del sumario instruido por la juez titular del juzgado de instrucción número 6 de Bilbao, Olatz Aizpurua, así como el procesamiento de casi todas las personas que aparecían como inculpadas cuando dió por cerradas las diligencias.

La jueza había detectado un fraude de casi 600 millones de pesets en la construcción de un edificio público, del que acusa al constructor Iñaki Ereño, militante del PNV, y al arquitecto Alberto López, simpatizante del PSE-EE (PSOE), por haber cobrado 570 millones de pesetas por unos trabajos de cimentación que no se realizaron tal y como se habían proyectado.

Olatz Aizpurua estima que tanto Daniel Arranz, que en aquellas fechas no era gobernador civil, como las otras tres personas que participaron en la reunión del Consejo de Administración de la sociedad pública zpiegitura en el que se aprobó una ampliación presupuestaria del proyecto, para asegurar su cimentación, ni lo estudiaron ni adoptaron medidas de control.

La defensa del arquitecto Alberto López, por su parte, presentó hoy en un juzgado bilbaíno un escrito en el que solicita que se investiguen las filtraciones a la prensa de las diligencias y autos judiciales relacionados con este caso, antes de su notificación a las partes.

(SERVIMEDIA)
18 Ene 1995
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