El Ministerio Púbico considera que fueron el contratista Iñaki Ereños y el arquitecto Alberto López los responsables de la estafa, consistente en oculatar un informe geotécnico que aumentaba en 571 millones de pesetas el coste de construcción de un edificio público en el centro de Bilbao.

Según el fiscal, Ereño y López ocultaron el informe y permitieron que la Diputación de Vizcaya diera el visto bueno al proyecto. Posteriormente llegaron a un acuerdo entre ambos para obtener un beneficio económico cuando la entidad pomotora dependiente de la Diputación, Azpiegitura, se vió en la obligación de aumentar el presupuesto en 334 millones de pesetas, que se convirtieron en 571 millones a la hora de presentar las facturas.

La fiscalía 12 años de prisión y dos millones multa tanto para el contratista como para el arquitecto y pide que sean condenados a indemnizar a la sociedad Azpiegitura con los 571 millones y otros 91 por la obra no realizada.

La petición fiscal se amplía con una solicitud de condena para losprofesres de la Universidad de Cantabria, Jesús Sainz de Omeñaca (tres años) y Roberto Idiondo (dos años y cuatro meses), a los que acusa de falsear informes que aconsejaban realizar obras que no eran necesarias.

En el escrito fiscal se acusa tambien a los aparejadores Enrique Almenara y Federico Lorenzo de realizar un informe técnico sobre la marcha de las obras sin haber comprobado los datos, por lo que pide penas de dos años de prisión para cada uno de ellos.