En este caso se juzgó una presunta estafa cometida en 1991 contra la sociedad Azpiegitura, dependiente de la Diputación Foral de Vizcaya, en la construcción de un edificio público. En el banquillo de los acusados se sentaron doce imputados. Al principio, el ministerio fiscal acusó a siete de ellos, mientras que el resto lo fueron por las acusaciones particulares ejercidas por la Diputación y HB.

Durante la vista oral el fisal exculpó a todos ellos con la excepción de Ereño, para quien solicitó cuatro años y dos meses de prisión por un delito de estafa continuada y seis meses por inducción a la falsificación de un documento mercantil.

El tribunal ha absuelto a todos los acusados de los delitos de estafa, prevaricación y falsedad que les imputaban las acusaciones de Azpiegitura y HB. Tan sólo encontró culpable de un delito de falsificación a Ereño, a quien se condena a seis meses y un día de prisión menor. La sentencia reoge que, dado que pasó cinco meses en la cárcel durante la instrucción del sumario, se le abona el tiempo pasado en prisión, por lo que no ingresará en la cárcel.

En la sentencia, el tribunal considera que no ha sido probado que las personas acusadas actuaran en connivencia para engañar a la sociedad Azpiegitura en el proceso de construcción del edificio, cuyo precio de obra se incrementó de forma considerable durante los trabajos.

Tampoco se considera probado que manipularan informes geotécnicosa su connivencia ni que apartaran a los técnicos de la Diputación de las obras para que no pudieran controlarlas.

A la sentencia absolutoria el tribunal suma una crítica a la acusación particular llevada a cabo por Azpiegitura, que presenta "un déficit importante de técnica procesal al no concretarse con claridad los hechos por los que se acusa a cada uno de los imputados".

Los magistrados consideran que se ha producido "temeridad acusatoria" en relación a cuatro de los imputados, por lo que condnan a Azpiegitura a pagar las costas de estos cuatro casos, lo que supone una tercera parte del coste total del juicio, que duró cerca de un mes.

Por otra parte, uno de los absueltos por la sentencia, el ex diputado de promoción económica Juan LLorens, del PSOE, fue el primero en señalar la responsabilidad de su sucesor en el cargo, José Luis Bilbao, del PNV, en todo este caso.

Según LLorens, Bilbao montó el "caso Azpiegitura" "para tapar una mala gestión suya y de su equipo, y que llevó un edifiio, que quedó en un coste de 1.000 millones cuando yo me marché, a un coste de 2.500 millones cuando el señor Bilbao terminó de pagar".

Llorens, que tuvo que dimitir de su cargo como diputado de urbanismo cuando se destapó el escándalo, considera que la sentencia ha hecho justicia. Este documento, a su juicio, obliga a Bilbao a "presentar su dimisión y pedirle disculpas públicamente por los insultos vertidos en los últimos tres años".