Así lo desvela una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 1.071 personas sobre su conocimiento y la confianza que les suscitan las alegaciones medioambientales y según la cual hasta un 44% están dispuestas a pagar más por un producto o servicio con una etiqueta medioambiental verificada, tal y como subrayó este martes la asociación en un comunicado.

Sin embargo, el 72% no se considera “capaz” de “distinguir” entre alegaciones verdes verificadas y no verificadas y solo un 5% se declara “bien informado” sobre los requisitos para que un producto pueda anunciarse como verde o ir acompañado de ecoetiquetas.

A este respecto, OCU puntualizó que pueden encontrarse más de 450 ecoetiquetas con todo tipo de alegaciones sobre reciclabilidad, eficiencia energética, ahorro de agua, cultivos ecológicos o respeto animal y advirtió de que no todas son “igual de rigurosas”.

Como ejemplo, citó el triángulo de flechas (Möbius), un sello, a su juicio, con “escaso valor” para certificar la sostenibilidad de un envase, ya que solo señala que está hecho con materiales que “pueden” ser reciclados, “pero no garantiza que esté hecho de materiales reciclados o vaya a ser reciclado”. En paralelo, explicó que alegaciones como ‘biodegradable’ no cuentan con una regulación o definición que establezca las condiciones para cumplir estas afirmaciones y no se pueden verificar.

En este sentido, el 53% de los participantes en la encuesta reconoce que este tipo de alegaciones son “principalmente una estrategia de marketing para aumentar sus ventas”, conocido como ‘greenwashing’.

A la luz de estos resultados, la organización volvió a exigir ecoetiquetas “claras, relevantes y certificadas por un tercero” y solicitó el desarrollo de normativas que definan las condiciones para utilizarlas.