Así se recoge en el manifiesto ‘La implantación de la Inteligencia Artificial en la frontera y la vulneración de derechos’, donde exigen que la regulación europea en este ámbito incluya también su uso en el control fronterizo, algo que no sucede en la actualidad.

Según indicaron, el empleo y recopilación de datos biométricos pueden implicar una vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, con el agravante de que las personas migrantes disponen de muy pocos mecanismos de protección o de garantías para defenderse, por ejemplo, ante posibles errores o abusos. Este sería el caso, por ejemplo de los falsos positivos y falsos negativos que se producen en el reconocimiento de rostros no caucásicos, como recoge el estudio Face Recognition Vendor Test (FRVT) de 2019 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EEUU, siendo las personas negras y las asiáticas las más perjudicadas por este tipo de errores.

Asimismo, mostraron su preocupación porque estos mecanismos tecnológicos contribuyan a la criminalización y discriminación de personas racializadas, ya que la extensión de la inteligencia artificial en la frontera se vincula también a la lucha antiterrorista.

Por todo ello, las organizaciones firmantes reclamaron que se facilite la tarea de fiscalización y control por parte de la sociedad civil y demandaron auditorías independientes, incluyendo la implementación de mecanismos de control y atribución de responsabilidades personales y políticas.