En cuanto al resto de la deuda, otros 1.357,4 millones de euros, se imputaría a la nueva Renfe-Operadora, según explicó el titular de Fomento.

Alvarez-Cascos explicó que el objetivo es que la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que surgirá tras la liberalización del sector erroviario en España como evolución del actual GIF, "debe partir libre de cargas financieras".

Para ello, el Estado asumiría los 5.882,7 millones de euros que Renfe tiene en concepto de deuda histórica y de mantenimiento de infraestructuras y la compañía privada Renfe-Operadora mantenga un endeudamiento de 1.357,4 millones de euros. Este hecho permitiría a la nueva compañía afrontar el proceso liberalizador sin el lastre que supone la totalidad de la deuda actual.

Asimismo, aseguró que esta asuncón de la deuda por parte del Estado "no supondría un mayor déficit estructural" para las cuentas públicas, sino una actuación "de una sola vez" que, además, según puntualizó, no afectaría al cumplimiento del Pacto de Estabilidad.

A este respecto, afirmó que, en el caso de que el Gobierno decida adoptar la propuesta, el acumulado de Deuda Pública en España se situaría en torno al 58%, inferior a la limitación del 60% planteada en los criterios de convergencia de la Unión Monetaria, mientras que el défiit público se incrementaría en un 0,8% del PIB, "muy inferior al 3%" que marca el Pacto de Estabilidad.

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