Así consta en las seis páginas de denuncia, a la que tuvo acceso Servimedia, que en nombre de Carod-Rovira presentaron esta mañana los tres vicesecretarios generales de ERC, Manel Balcells, Carme Capdevila y Josep Vall, ante el Juzgado de Guardia de Barcelona.

En ella, Carod-Rovira relata la manifestación del pasado día 11 de junio, convocada por el Ayuntamiento de Salamanca para rechazar el traslado de parte de los papeles del Archivo a Cataluña.

Explica que en la marcha estaban, entre otros, el secretario general del PP, los portavoces en el Congreso de los Diputados y en el Senado, los presidentes de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid, dos ex ministros y varios parlamentarios de este partido.

ERC aporta diversa documentación para demostrar que los dirigentes regionales y locales del PP portaban la pancarta de cabecera de la manifestación, y que durante la marcha recibieron el apoyo de los máximos dirigentes del partido.

Adjunta también informaciones de varios medios de comunicación para subrayar que la manifestación había sido inicialmente convocada para el día 4 de junio, y después se aplazó hasta el 11 para adecuarla a la "estrategia de la dirección estatal" del PP.

"A las legítimas reivindicaciones que podían justificar la protesta, pronto se le sumaron consignas y eslóganes en forma de pancartas, carteles y gritos, calificables de delictivos, puesto que además de ser injuriosos e incitar a la violencia, llegaron al extremo de amenazar mi propia vida", relata Carod-Rovira.

Como prueba, acompaña el escrito de informaciones escritas y audiovisuales que se hicieron eco de la pancarta en la que se leía "Rovira al paredón".

El afectado explica que por sus propios medios no puede identificar a los portadores de esa pancarta porque fueron varias personas, pero añade que sí podría hacerlo el juzgado gracias a las oportunas diligencias probatorias. Lo mismo ocurre con el portador de otro cartel en el que se podía leer "Carod esta es tu caja" junto al dibujo de un féretro.

Carod-Rovira indica que la manifestación "fue promovida por la dirección estatal del Partido Popular" y organizada por el Ayuntamiento de Salamanca, y asegura que este partido "se encargó de planificar y difundir las consignas y los mensajes que debían ser proclamados por sus afiliados durante la protesta".

Considera que todo ello puede ser constitutivo de un delito de amenazas (artículos 169 y 170 del Código Penal), de incitación a la violencia por motivos racistas o referentes a la ideología de las personas (artículos 510.1 y 502.2), injurias realizadas con una notoria publicidad (artículos 208 y 209), y calumnias (artículos 205 y 206).

Además, considera que se puede haber vulnerado el artículo 18 de la Constitución, que preserva el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.