De este modo, con latransferencia, la región de Madrid se convertirá en la octava Comunidad Autónoma con asunción de competencias en materia judicial, tras el País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Canarias, Andalucía y Navarra.

Carlos Mayor Oreja, que realizó estas declaraciones en el transcurso de su intervención en la jornada "La justicia, una reforma inaplazable", recordó que las Comunidades Autónomas con competencias transferidas han realizado "una inversión conjunta", de 27.000 millones de pesetas, "con ocasión d la reciente implantación de las Leyes de Enjuiciamiento Civil y de Responsabilidad Penal de los Menores".

CONFERENCIAS SECTORIALES

Asimismo, el consejero de Justicia madrileño resaltó la importancia que van a ir adquiriendo las conferencias sectoriales "en el diseño de las políticas de la Administración de Justicia".

"De la coordinación", subrayó, "entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la comunidades autónomas dependerá que demos un buen servicio a los ciudadnos españoles".

Igualmente, Carlos Mayor, insitió en que la celebración de la Conferencia Sectorial, celebrada el pasado mes de mayo en las Palmas de Gran Canaria, permitió la adopción de "importantes acuerdos" entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia.

"Esta Conferencia Sectorial permitió tratar cuestiones de gran trascendencia", aclaró, "como el nuvo mapa judicial, el Estatuto del personal al servicio de la Administración de Justicia, y la legislación que habrá de modificarse necesariamente para que las Comunidades Autónomas puedan desarrollar sus competencias".

Además, dicha Conferencia posibilitó adoptar acuerdos sobre la reforma de la Oficina Judicial y la creación de una Carta de Derechos de los Ciudadanos, así como el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Carlos Mayor consideró que, "la propia Conferencia Sectorial declara que el modeo hacia el que se trabaja debe atender al criterio de proximidad en lo relativo al ejercicio de las competencias en materia de Administración de Justicia".

Por último, concluyó al recordar que la aprobación por el Consejo de Ministros, en diciembre pasado, de mejoras retributivas en el ámbito de la Administración de Justicia ha supuesto para las Comunidades Autónomas un coste calculado en 2.100 millones de pesetas.