El marino español viajaba como primer oficial el buque, perteneciente a la empresa mercante estatal de Irán, pero las autoridades persas le juzgaron comomáximo responsable del siniestro, al encontrarse ausente en ese momento el capitán.

El capitán Rosales, que desde entonces ha pasado por varias cárceles de Irán, se encuentra actualmente a la espera de un nuevo juicio, después de que el Tribunal Supremo de aquel país reconociera que la primera sentencia era nula.

En aquella ocasión, el juez condenó al marino español a pagar una multa de 7 millones de dólares en concepto de indemnización, unos 700 millones de pesetas. Al no tener dinero para abona esa cantidad, se declaró insolvente e ingresó en prisión el 13 de mayo de 1989.

La responsabilidad de pagar la indemnización recayó plenamente sobre el naviero, ya que la empresa propietaria del buque no tenía suscrito ningún tipo de seguro.

Desde entonces, la periodista Mayte Suárez, esposa del capitán, inició gestiones en todas las instancias de las administraciones iraní y española para tratar de lograr su liberación.

Mayte Suárez, que actualmente espera la concesión de un visado para vijar a Irán junto a las dos hijas del matrimonio y visitar a su marido, ha declarado que "la única forma posible de solucionar este caso es la habilidad diplomática".