El Ministerio de Justicia informó hoy, a través de un comunicado, de que el titular canadiense de este departamento, Irwin Cotler, ha comunicado a Juan Fernando López Aguilar que se extraditará a estos acusados, decisión que es definitiva y contra la que no cabe recurso.

Según Justicia, para que las autoridades canadienses hayan tomado esta medida han sido fundamentales las gestiones que han realizado tanto López Aguilar como el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, para dejar clara la falsedad de las acusaciones de torturas.

López Aguilar llevó a cabo una "gestión directa" ante su homólogo canadiense, en la que le trasladó que el informe elaborado por Theovan Boven para Naciones Unidas sobre la tortura en España nunca ha sido aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por lo que no tiene ningún valor jurídico.

Aclarar este punto, según el ministerio, ha sido fundamental para que se produzca la entrega de los dos acusados, ya que éstos aprovecharon la libertad condicional concedida por la Audiencia Nacional tras su primera detención para huir de España y viajar, primero, a Francia y, posteriormente, a Canadá.

En este último país, Plagaro de Arrilucea y Perea Salazar solicitaron el estatuto de refugiado político, con el argumento de que habían sido sometidos a torturas en España y que corrían el riesgo de recibir el mismo trato en el supuesto de ser entregados a las autoridades españolas.