En una nota de prensa, las camáras indican que, si bien los empresarios deben cumplir con la normativa vigente, no se les debe exigir más requisitos de los que se impone a las empresas de otros países.

La reforma de la ley, a su juicio, debe tener en cuenta la transposición de la directiva 46 del Parlamento Europeo del año 1995, ya que la legislación española, aprobada en el año 92, es anterior a estas directrices comunitarias.

Las Cámaras slictan que se permita el acceso a determinados datos de transcendencia comercial, de tal forma que sean accesibles al público, para no menoscabar la actividad de determinadas empresas.

Igualmente piden estimular la adopción de códigos tipo de carácter sectorial que, por un lado protejan la ciudadano y, por otro, fijen para los gestores de un mismo sector empresarial un marco jurídico adaptado y estable.

Así, las Cámaras proponen disminuir el número de procedimientos sancionadores mediante un mayo conocimiento de las obligaciones que impone la ley. Para ello, es necesario que la Agencia de Protección de Datos realice campañas de información y asesoramiento.