Según informó la Cámara de España en un comunicado, la entrada en vigor de la normativa desde el 1 de enero de 2023 “no cumplirá con los objetivos medioambientales que plantea” y “restará competitividad a los puertos y las empresas españolas”. La nueva normativa tiene una aplicación gradual en cuanto a los pagos por derechos desde el próximo 1 de enero de 2023 (20%) hasta su aplicación completa en 2026 (100%).

La Cámara consideró que el desvío de rutas hacia puertos no UE, como plantea la directiva, para tratar de eludir el pago de los derechos de emisión, incentivaría el surgimiento de ‘paraísos de CO2’, generándose una fuga de emisiones de carbono desde la UE a países próximos. Esta medida “alargaría las rutas e incrementaría el uso del transporte de mercancías por carretera y/o cabotaje, lo que generaría un mayor volumen neto de emisiones”, según la Cámara. Esto podría afectar al sector exterior, ya que el 60% de las exportaciones españolas y un 80% de las importaciones hacia España pasan por los puertos.

La Cámara de Comercio propone “evitar que una parada en un puerto de transbordo en un país no UE ‘ponga a cero’ el contador de CO2 de la travesía", con el fin de evitar fugas de carbono.

También plantea una “transición más progresiva para rutas transoceánicas de más de 3.000 kilómetros" con la extensión del esquema general de aplicación progresiva del pago por derechos de emisión para estas rutas. Con ello, se evitarían desvíos a otros puertos que no son de la Unión Europea.