En una entrevista publicada por el diario "El País", Caldera subraya que no hay inquietud sobre la capacidad de acogida de inmigrantes, "lo que ha habido es cierto desconocimiento del fenómeno, porque ha sido muy rápido", lo que exige que "lo ordenemos y evitemos a toda costa que haya inmigración irregular, que no es positiva para los inmigrantes ni para la sociedad de acogida".

Además, explica, en 2004 "no ha habido un incremento en la llegada de inmigrantes", ya que, por ejemplo, el número de entradas a través de pateras descendió en los primeros meses del año en un 20 por ciento, "y en 2005 podemos seguir en esa línea de descenso".

"Los inmigrantes siguen siendo necesarios, pero llegará un momento en el que se produzca una estabilización de las cifras en función de las necesidades de nuestro mercado laboral", prosiguió, y será en torno al 8 ó 10 por ciento de la población, "una cifra que tiene en cuenta las posibilidades de integración y de funcionamiento de nuestro sistema".

IMAGEN ALARMISTA

En cuanto al proceso de regularización previsto en el reglamento aprobado el pasado jueves, en el último Consejo de Ministros del año, Caldera quiso borrar la "imagen alarmista que quieren transmitir algunos" sobre el efecto llamada, al asegurar que se reforzarán los mecanismos y controles para que se desarrolle de manera "rápida y eficaz".

El ministro apuntó que "el principal elemento que moviliza a las mafias que trafican con personas es el trabajo irregular, sin documentación. Por lo tanto, el mejor modo de combatirlas es legalizar los empleos y exigir que los que se ocupen con inmigrantes lo sean, a partir de ahora, por vía legal".

"Vamos a reforzar las inspecciones. Es más, queremos mandar un mensaje muy claro a la sociedad española", continuó. "No vamos a tolerar que se contrate a una sola persona de forma irregular, quien contrate a un 'sin papeles' se expondrá a graves sanciones, y las vamos a cumplir, no como hasta ahora".

Sobre la petición de la Generalitat catalana de gestionar la inmigración, reiteró que se trata de "una competencia estatal, aunque estamos dispuestos a dar mayor participación y cooperación a las comunidades autónomas en un modelo de cogestión".

Concluyó que el Reglamento es una muestra de la "nueva orientación" que el Gobierno quiere dar a la política de inmigración, pero habrá cambios de la Ley de Extranjería elaborada por el Ejecutivo popular para incorporar directivas comunitarias, lo que se producirá "seguramente a finales de año", y confió en que la reforma sea consensuada.