Caldera se reunió hoy con el Grupo Parlamentario Socialista para explicar el contenido de esta ley, a la que se refirió como histórica y una muestra del "patriotismo social" con el que realmente se une a un país.

Ante los diputados y senadores socialistas, Caldera explicó que hoy mismo firmó la remisión del anteproyecto al Consejo de Estado, y expuso también el contenido básico del dictamen emitido por el Consejo Económico y Social (CES).

Aseguró que las recomendaciones del CES serán estudiadas para su incorporación literal "o en espíritu". Por ejemplo, la cláusula que deje claro y de forma expresa que ninguna persona en situación de dependencia quedará excluida del sistema por escasez o ausencia de recursos económicos.

También se refirió a las sugerencias del CES para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, tener en cuenta a las personas dependientes que viven en un entorno rural y la adecuada articulación de la cooperación entre administraciones.

Además del dictamen "favorable" del CES, Caldera agradeció la participación de empresarios y sindicatos en la redacción del anteproyecto, y del movimiento asociativo, especialmente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y del Consejo Estatal de Mayores.

Para mostrar a los parlamentarios la importancia de esta ley, Caldera recordó que en España hay ya 7,5 millones y medio de personas mayores de 65 años, casi el 17% de la población total, y en 2026 se calcula que serán el 21,6%, casi once millones.

Hay, además, unas 200.000 personas en situación de gran dependencia, 370.000 con dependencia severa y 560.000 con dependencia moderada, 1.125.000 en total, la mayoría mayores, aunque también hay niños, jóvenes y personas de mediana edad con enfermedades congénitas, degenerativas o que han padecido un accidente, generalmente de tráfico o laboral.

"UN PROYECTO DE PAÍS"

Para la atención a todos ellos, Caldera aseguró que existirá "un solo sistema", cuyos servicios y prestaciones mínimos serán fijados por el Estado, aunque se desarrollen con la participación y la cooperación de las demás administraciones.

El Sistema Nacional de Dependencia, sentenció, "es un proyecto de país" y requiere, por ello, el máximo acuerdo posible entre partidos y entre administraciones.

Insistió en que las prestaciones serán públicas y universales, y garantizarán una atención "integral" a las situaciones de dependencia, primando la permanencia del afectado en su entorno y asegurando la calidad de los servicios.

Caldera subrayó que, en virtud de la Constitución, las comunidades autónomas podrán "hacer más intensas" las prestaciones, pero negó que ello pueda suponer desigualdades entre los ciudadanos en función de su lugar de residencia.

Argumentó que el mínimo de prestaciones fijado por el Estado será "tan elevado" que un aumento autonómico parece "difícil de concebir".

Pese a que la ley contemplará como beneficiario a cualquier persona mayor de tres años en situación de dependencia, Caldera aseguró que ningún menor de esa edad quedará desatendido, o bien por el sistema sanitario o bien desde esta nueva norma.

La ley obligará a la acreditación de los centros privados que se integren en la red de atención a la dependencia, y el Estado supervisará, además, que las prestaciones se destinan realmente a la finalidad para la que fueron concedidas.

APOYO A CUIDADORES FAMILIARES

Para ser beneficiario, insistió, sólo será necesario estar en situación de dependencia, que deberá ser evaluada por los órganos competentes para ello en función de unos criterios comunes para todo el Estado, y la evaluación, insistió, será válida en todo el territorio.

El catálogo de prestaciones, explicó, será exhaustivo, desde campañas de prevención de enfermedades que puedan conducir a situaciones de dependencia, teleasistencia, ayuda a domicilio y centros de día, de noche y residenciales.

La ley garantizará también una prestación a los cuidadores familiares, la mayoría mujeres, para reconocer como productivo un trabajo que ahora no se considera y compensarlo económica y socialmente.

Además, esos cuidadores tendrán derecho a "periodos de respiro", un lapso de tiempo en el que la persona dependiente sea atendida en un centro residencial para poder así descansar de su tarea.

La ley distinguirá tres categorías de dependencia: moderada, severa y gran dependencia, cada una de ellas con dos niveles. Con ello se pretende proteger todas las situaciones de dependencia con planes específicos para cada una de ellas.

La implantación será escalonada, porque garantizar todas las prestaciones en un solo ejercicio "es imposible", y culminará en 2015 con un gasto estimado de más de nueve millones de euros.

Los beneficiarios participarán en la financiación de sus prestaciones en función de su capacidad y del coste del servicio, sin quedar fuera del sistema en ningún caso por escasez o ausencia de esos recursos.

Eso supone, en opinión del Gobierno, un ejercicio de justicia y solidaridad, porque permitirá a los poderes públicos hacer un mayor esfuerzo con los ciudadanos de menos recursos.