En una entrevista que hoy publica el diario ABC, el ministro apuesta firmemente por el acuerdo entre empresarios y sindicatos y afirma que la propuesta de reforma laboral del Gobierno es "un documento para impulsar la negociación", cuyos objetivos finales son "mantener el ritmo de creación de empleo y reducir la temporalidad no justificada".

Para combatir estos problemas, la propuesta plantea que, cuando una persona lleve en un misma empresa dos años con contratos temporales, "se le considere como empleo estable" para evitar la contratación fraudulenta.

De las críticas lanzadas desde los sindicatos, que apuntan a que la propuesta lo único que consigue es abaratar el despido, el responsable de la cartera de Trabajo se defiende diciendo que lo que él pretende es "una conversión de los contratos temporales en indefinidos, aunque sea con indemnización por despido de 33 días". Ya que "nadie hace un contrato indefinido ordinario" -45 días-, esta medida supone, para el ministro, dar más protección a quien no tiene ninguna.

Para Caldera, el problema no es que haya muchos despidos (hay 400.000 anuales), ya que éste es un buen momento de creación de empleo, sino que radica en lograr, por un lado estabilidad, y por otro flexibilidad que no aumente los problemas de contratar de forma indefinida.

De este modo, con la propuesta a los empresarios, "se les da la posibilidad de utilizar un contrato indefinido con menores costes de rescisión y se les rebajan las cotizaciones", y para los sindicatos "las medidas suponen un recorte del uso legal de las figuras de contratación temporal y no se desprotege a ningún trabajador".

Jesús Caldera calcula en 300.000 o 400.000 el crecimiento de empleos indefinidos al año si esta propuesta -cuyo presupuesto calcula entre los 500 y 1.000 millones anuales más- llega a buen puerto.

En cuanto al proceso de regularización de inmigrantes, el ministro anuncia que parlamentarios europeos visitarán los centros de estancia temporal de inmigrantes y que el ministerio trabaja actualmente en programas de cooperación con Marruecos, subsaharianos y la UE.

Por último, preguntado sobre la futura Ley de Dependencia, Caldera responde que "los ciudadanos van a tener que aportar según su capacidad, y el resto lo pondrán el Estado y las comunidades" y, además, que se fijará un tope de renta y patrimonio para la dependencia.