En un auto, el magistrado acepta la petición de varias acusaciones particulares, con el visto bueno de la Fiscalía, y le cita para el día 25 de enero, a las 9.00 horas, con el estatus procesal de investigado dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en la causa que investiga en el Banco Popular.

La resolución del juez explica que hasta ahora en la causa figuraban como investigados el auditor de PwC del año 2016 y la propia entidad como persona jurídica y se inadmitió una querella en 2018 contra Sanz Olmeda. Pero ahora Calama considera pertinente su declaración como investigado y explica que la ardua y compleja instrucción practicada ha ido perfilando unos hechos que con carácter provisional permiten afirmar que “las cuentas anuales del año 2015 del Banco Popular ocultaban un déficit de provisiones generado por el incumplimiento consciente de las normas contables contenidas en el anejo IX de la Circular 4/2004 del Banco de España”.

El magistrado recuerda que fue PwC la firma auditora del Banco Popular durante los años 2015 y anteriores y que José María San Olmeda fue el máximo responsable de la auditora en la planificación y ejecución de los trabajos de auditoría en dicha entidad financiera desde 2009 a 2015.

“De lo hasta ahora instruido, se puede afirmar que los auditores de PwC no detectaron las importantes carencias de provisiones originadas por una anómala clasificación crediticia-desde la óptica del riesgo- y por una gestión contable de los activos adjudicados, que, en buena parte, se apartó del cumplimiento del referido anejo IX de la Circular 4/2004”, concluye el juez.