Según informó este jueves el Instituto Armado, en la ‘Operación Sayal’ han sido detenidas 12 personas y se han realizado 17 registros en las provincias de Madrid, Toledo, Sevilla, Navarra, Gerona, Tarragona, Pontevedra, Lugo, Salamanca, Murcia y Melilla.

A los arrestados se les imputan los supuestos delitos de tráfico de armas, depósito de armas, depósito de armas de guerra, depósito de municiones, depósito de explosivos, tenencia ilícita de armas prohibidas, contra la salud pública (tráfico de drogas) y contrabando.

Se han intervenido 339 armas de fuego, 37.426 cartuchos metálicos de diferentes calibres, 13,2 kilogramos de pólvora y silenciadores, entre otros efectos. Entre lo intervenido había 17 armas de guerra (fusiles de asalto y subfusiles).

MERCADO NEGRO

La operación se inició en octubre del pasado año, cuando, en otra operación independiente, fue detenido en Madrid uno de los principales traficantes de munición de España, quién, a través de Internet, había vendido más de 36.000 cartuchos metálicos que enviaba a sus compradores por medio de paquetes postales.

Fruto de esta investigación, se puso de manifiesto que este individuo venía dedicándose a esta actividad ilegal desde hacía varios años y que los compradores de dichas municiones eran personas que poseían armas de fuego de forma ilegal y que, por tanto, no podían adquirir las mismas en establecimientos autorizados, teniendo que recurrir al mercado negro para surtirse de las mismas.

Una vez identificados los compradores de la munición y localizados los lugares donde se sospechaba que podían estar ocultas las armas ilegales que poseían, se procedió a la explotación en dos fases de la operación. La primera de ellas en el mes de febrero y la segunda la pasada semana, procediendo a la realización de un total de 17 entradas y registros en 11 provincias españolas.

Entre el arsenal intervenido destacan 17 armas de guerra (fusiles de asalto y subfusiles), que dada su capacidad para hacer fuego automático (ametrallador). Su posesión ilegal por particulares supone un riesgo máximo para la seguridad ciudadana, tanto en caso de su utilización como de su posible desvío a organizaciones criminales o terroristas.