Según informó este miércoles el Instituto Armado, en la 'operación Hozkailu' se ha detenido e investigado a 18 personas, a las que se acusa, entre otros delitos, de traslado ilícito de residuos, contrabando, pertenencia a grupo criminal, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Los agentes han detectado el envío de más de 10.000 toneladas de residuos con destino Nigeria y Ghana principalmente, detectándose movimientos de capital superiores al millón y medio de euros.

Se han realizado siete registros a distintas sociedades mercantiles y naves en toda España. La investigación arroja resultados de los últimos cuatro años, pero se han obtenido indicios de que el grupo criminal vendría realizando estas operaciones de exportación desde, al menos, hace nueve años.

BURLAR AL SISTEMA ADUANERO

La operación se inició cuando el Seprona detectó varias parcelas valladas en las afueras de la localidad de Vitoria (Álava) donde se acumulaban grandes cantidades de todo tipo de residuos en distintos grados de conservación, entre los que destacaban neumáticos a final de su vida útil, vehículos a motor, bombonas de gas, y una gran cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Tras las primeras pesquisas, se constató que un grupo de personas de origen africano estaban sacando del circuito legal cantidades ingentes de residuos, principalmente eléctricos y electrónicos, los cuales eran acumulados en distintas localizaciones a la intemperie, para posteriormente ser estibados sin ningún tipo de seguridad en contenedores de transporte marítimo para su exportación al continente africano. Los residuos eran declarados como artículos de segundo mano para poder eludir los controles aduaneros y poder así ser transportados a África como chatarra electrónica.

La organización tenía establecido un complejo sistema para eludir el control aduanero. Desde el País Vasco los residuos eran introducidos en grandes contenedores de transporte marítimo y conducidos por carretera en camiones hasta el puerto de Bilbao.

Al mismo tiempo, de manera fraudulenta, se formalizaban las autorizaciones de salida a través de la Aduana de Almería. Esta descentralización en las operaciones aduaneras dificultaba en gran medida que la mercancía fuese fiscalizada, saliendo sistemáticamente todas las semanas desde Bilbao sin ser inspeccionados los contenedores.

Los residuos salían de España como aparatos de segunda mano, cuando en realidad se trataba de residuos que no habían sufrido ningún tipo de transformación previa. De esta manera el beneficio de la organización criminal era doble, toda vez que a la supresión de los gastos derivados de la gestión de los residuos se sumaban los ingresos. Se destacan los más de 500.000 kilogramos de RAEE, por los gases contaminantes que la mayoría contiene en su interior.