Cabrera hizo estas consideraciones en la Cámara Baja, donde el portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), Carles Campuzano, le preguntó por las acusaciones de Montilla al Ejecutivo central en materia de dependencia.

A juicio de la ministra, lo que le corresponde hacer al Gobierno en la sesión de control es responder sobre sus actuaciones y en materia de dependencia estas actuaciones han consistido en cumplir con lo previsto.

"El Gobierno está cumpliendo con los compromisos financieros de la ley de dependencia y más allá de eso está poniendo en marcha todos los mecanismos necesarios para evaluar el despliegue de la norma en los 20 meses que lleva en vigor", insistió Cabrera.

En cualquier caso, la titular de Política Socialaseguró que, "si los datos confirman que el esfuerzo de las CCAA es el que es y el del Gobierno también el que es, tendremos que sentarnos a ver si este esfuerzo financiero es suficiente o no".

"Pero", continuó, de momento, estos datos son sólo los que "unos nos decimos a los otros" y, por tanto, "no tenemos fundamento para fijar cuáles deben ser las necesidades de financiación y cuál el modelo" a seguir.

En su intervención, Campuzano volvió a dudar sobre la suficiencia de la partida destinada a dependencia en los presupuestos generales del Estado para el año que viene, ya que, argumentó, actualmente "hay personas a las que se les ha reconocido su derecho a recibir una prestación y no la reciben" y otras que perciben los mismos servicios que antes de la entrada en vigor de la ley.

"Usted sabe que el próximo año se van a incorporar más personas al sistema y la situación va a empeorar", dijo Campuzano a Cabrera.

Y es que, continuó el parlamentario Catalán, "el aumento del presupuesto que se contempla no corresponde a los costes reales de las plazas de los servicios de atención a la dependencia". Las comunidades están soportando cerca del 70% de los costes de la dependencia y es algo que "están denunciando gobiernos de todos los colores", prosiguió.

Por último, el representante de CiU pidió al Ejecutivo que "tenga en consideración" la enmienda presentada por este grupo a los presupuestos en la que se pide la creación de un fondo económico de 1.000 millones de euros para compensar los gastos generados por el despliegue de la ley.