Cabrera presentó, en este Pleno, la modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que, entre otros puntos, establece la creación del Consejo de Universidades (rectores) y de la Conferencia Sectorial de Universidades (consejeros de comunidades autónomas). Asimismo, tal y como explicó el pasado miércoles ante la Comisión de Educación del Congreso, otorga mayor autonomía a las universidades, de modo que serán ellas las que escojan a su personal docente.

Una novedad que ha despertado el temor de algunos miembros del CCU que, según la ministra, temen que un exceso de autonomía "redunde en un reclutamiento interesado del profesorado".

El Pleno del CCU está formado por los rectores de las universidades españolas, los responsables de la enseñanza universitaria de las comunidades autónomas y 21 miembros designados por el Parlamento y el Gobierno, entre personalidades de prestigio en el ámbito académico, social y cultural.

Precisamente fueron dos de estos miembros nombrados por el Parlamento los que más reticencias mostraron en su intervención, según explicó Cabrera: el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid José Luis Martínez López Muñiz, y el de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada Vicente Pedraza.

Por su parte, la ministra mantuvo que "las universidades deben asumir la responsabilidad de su autonomía, con el conocimiento de que tendrán que ser evaluadas y rendir cuentas" ante la Agencia de la Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que la reforma de la LOU convierte en entidad pública.

Asimismo, defendió que las universidades son "las primeras interesadas en reclutar al mejor profesorado posible" docente e investigador.

Cabrera consideró que las valoraciones del Pleno (hasta el momento en que compareció ante la prensa, que fue un inciso en la reunión) fueron "positivas", con excepción de las "intervenciones más críticas" y "matizaciones puntuales" de los citados expertos. Destacó, por su carácter "positivo", la del presidente de a Conferencia de Rectores (CRUE), Juan Vázquez.

Un artículo de la reforma de la ley (el 72) introduce la obligatoriedad de que, en las universidades privadas, al menos el 50% de los docentes sean doctores. Una imposición tachada, por algunas universidades, de "intervención excesiva". En este sentido, la ministra sostuvo que, en el texto, se reconocen las particularidades de los centros de educación superior privados, pero que no puede olvidarse que se trata de universidades.

Finalmente, la ministra manifestó que se estudiará la posibilidad de incorporar a la reforma algunos de los puntos expuestos en la reunión, celebrada la víspera de que la Comisión de Coordinación del CCU apruebe los precios definitivos de los nuevos másteres adaptados a Europa.