Así lo avanzó en declaraciones a los medios de comunicación previas a su reunión con la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, para abordar distintos asuntos relacionados con la vivienda y en las que urgió al PSOE a “cumplir con la palabra dada” y a “respetar los acuerdos”, convencido de que “ningún contrato de compra o venta de armamento a empresas israelíes tiene justificación y cualquiera que exista debe ser suspendido”.

A este respecto, Bustinduy recordó que el pasado mes de octubre remitió una carta al Ministerio de Defensa “esgrimiendo todos los argumentos jurídicos y legales por los cuales había que rescindir cualquier contrato que estuviera en proceso, en marcha o suscrito referente a la compra o a la venta de armamento con Israel” o con “cualquier empresa participada” por compañías israelíes.

“Y la respuesta que obtuvimos, que es la misma que en diferentes declaraciones públicas distintos miembros del Gobierno han esgrimido, es que desde el día 7 de octubre del año 2023 no se ha producido ninguna operación ni de compra ni de venta de armamento”, abundó, al tiempo que consideró que “lo que hay que hacer” es “cumplir con la palabra dada, respetar los acuerdos y los compromisos en materia de derechos humanos, pero también de comercio de armas que tiene suscritos el Estado español”.

Junto a ello, reivindicó la necesidad de “respetar también las reclamaciones de la Corte Internacional de Justicia”, razón por la cual, a su entender, “cualquier contrato que pueda estar en marcha debe ser rescindido y suspendido”.

INJUSTIFICABLE E INACEPTABLE

“Es absolutamente injustificable e inaceptable que se pueda producir ninguna operación de compraventa de armas con un Estado al que, tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Penal Internacional, han acusado de estar cometiendo un genocidio continuado en Gaza”, apostilló, al tiempo que precisó que la posición de Sumar “es muy clara al respecto”, esto es, que “ningún contrato de compra o venta de armamento a empresas israelíes tiene justificación y cualquiera que exista debe ser suspendido”.

Preguntado por la petición de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU), de una auditoría a las compras de este tipo de material, el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 puntualizó que es “un compromiso firme del Gobierno” que “cualquier operación de compra y venta de armamento que implique a una empresa israelí o al Estado de Israel debe ser suspendido”.

“Esa es la posición del Gobierno, así se ha esgrimido y, por tanto, no tiene justificación posible ninguna acción, ningún contrato, ningún compromiso que violente o que vaya en contra de ese compromiso”, agregó, al tiempo que incidió en que la posición que Sumar ha “defendido” y va a “seguir defendiendo” es que “ninguna operación de compraventa de armas con el Estado de Israel puede llevarse a cabo” y en que va a ser “firme e inflexible en esa posición”.

Cuestionado por las peticiones de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hizo hincapié en que “se ha producido una rectificación que era necesaria en ese sentido”, convencido de que “cualquier otra operación que esté en marcha debe ser auditada, estudiada y suspendida”.

“Creo que ese es el compromiso que alcanzamos y luego las responsabilidades de cada cual hay que asumirlas actuando”, añadió, al tiempo que juzgó que “está bien” que se haya rescindido este contrato, que, según su punto de vista, “no podía seguir adelante”, consciente de que “así debe suceder en todos los demás casos”.

Este jueves, minutos después de conocerse que el Ejecutivo rescindía de manera unilateral el contrato de Interior para comprar munición al Gobierno de Netanyahu, el ministro Bustinduy publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseveraba que “no podía ser de otra manera” porque “los compromisos se cumplen”.