Así lo defendió durante su intervención en el acto de presentación de la IV convocatoria del Programa Reina Letizia para la Inclusión de estudiantes con discapacidad, un programa de ayudas económicas directas que concede el Real Patronato sobre Discapacidad y que está dotado con 5 millones y medio de euros para apoyar los proyectos académicos y formativos de las personas con discapacidad.

Tras admitir que dicho programa “tiene que darse a conocer y superar todas esas barreras” que, a su juicio, “pueden hacer que alguien diga ‘esto es muy complicado, esto no es para mí, seguro que hay gente que lo necesita o lo va a conseguir más fácilmente”, Bustinduy explicó que, “de lo que se trata con este programa y en las políticas públicas en general es de remover obstáculos, hacer que la vida sea más fácil y conseguir aplanar esos itinerarios y esos caminos”.

A continuación, precisó que, con una dotación de hasta 10.000 euros por beneficiario, la idea de este “programa importante” es “facilitar y favorecer” el desarrollo de proyectos formativos y académicos y afirmó que una de las “virtudes” que tiene es la posibilidad de destinar estas ayudas a una “pluralidad” de “factores y herramientas” que “coinciden” en el objetivo de “hacer ese diagnóstico de qué se necesita para hacer más fácil ese programa formativo”.

“Es importante ese enfoque también de intentar centrarse, específicamente, en aquellas realidades que sufren una doble o hasta una triple discriminación”, prosiguió, para defender la necesidad de “empezar por el suelo de la presencia de lo público y de la presencia de esos apoyos para poder llevar una vida en condiciones de autonomía, libertad e igualdad”. “Pero el suelo está más bajo y hay que elevarlo y, por tanto, ese énfasis específico está puesto ahí”, abundó.

GESTIONADO ÍNTEGRAMENTE POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En paralelo, juzgó “importante” que el programa se gestionará “íntegramente por personas con discapacidad”, lo que, según avanzó, ha supuesto nueve contrataciones, que valoró como “una gota en el océano”, al entender que “tenemos una enorme asignatura pendiente en facilitar el acceso al empleo y a un empleo digno para las personas con discapacidad”, lo que definió como “uno de los objetivos esenciales de esta legislatura”.

Para el ministro, este programa “es una muestra de determinación y de voluntad por parte del ministerio, pero también una obligación constitucional” tras la reforma del artículo 49, por la cual, indicó, los poderes públicos han “sido instados a traducir esos principios vertebradores en derechos, en realidades”.

“Así que lo que tenemos que hacer es cumplir ese mandato”, asumió, al tiempo que coincidió con el Cermi en que este programa es “un banco de pruebas, un proyecto piloto”, porque, a su entender, “no tenemos que perder de vista de dónde partimos y hacia dónde tenemos que llegar”. “Cada paso es, evidentemente, insuficiente, pero cada paso es imprescindible para poder dar los siguientes”, añadió, para señalar que “el objetivo no puede ser otro que esos derechos que hemos reconocido se traduzcan en realidad”.

En este sentido, defendió que “el objetivo no puede ser solo apoyar a las personas con discapacidad”, sino “hacer universal la condición de ciudadanía”. “Nuestro mandato tiene que ser reconfigurar nuestro Estado del bienestar para que haga realidad esa cosa tan simple que es que la condición de ciudadanía sea efectiva; que ser ciudadano, independientemente de quiénes seamos, conlleve la garantía de nuestros derechos fundamentales”, apostilló, para aseverar que “todos nos necesitamos y nos determinamos constantemente”.

ASPIRAR A HACER LA SOCIEDAD MEJOR

“Por tanto, cuando luchamos, peleamos y reivindicamos los derechos y las libertades de las personas con discapacidad, no estamos solo aspirando a conseguir cosas para una parte de la sociedad ni solo intentando conseguir mejoras en las condiciones de vida de un colectivo o de una parte de la sociedad, estamos aspirando a hacer esa sociedad en su conjunto mejor”, prosiguió.

En la misma línea, recordó que “la dignidad, el bienestar, el progreso de una sociedad no se mide en casos individuales”. “Se mide en el conjunto y se mide, especialmente, a partir de las condiciones de vida de quienes lo tienen más difícil, de quienes menos tienen y, por tanto, de quienes más apoyo necesitan”, espetó.

Por último, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, aseguró que él hará “todo lo que pueda y un poquito más” para mejorar la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, si bien reconoció que “avanzaremos más y será más fácil” si el movimiento de la discapacidad sigue haciendo su labor “de manera ejemplar”, razón por la cual llamó a dicho movimiento a “movilizarse” y a “demandar”, sabedor de que “cada avance, por insuficiente que sea en relación a los objetivos, no es una casualidad y no es magia” sino que “requiere de determinación y voluntad”.

Por su parte, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, defendió que las personas con discapacidad tienen en el gabinete de Bustinduy “un resorte firme” para “poder materializar” su proyecto formativo, convencido de que “en la gente atravesada por vulnerabilidades hay talento” y de que este programa representa “una mano tendida a tantos noes que han recibido”.

SE ACABARON LAS NEGATIVAS

“Se acabaron las negativas”, agregó, para puntualizar que iniciativas como esta “no son magia, son justicia social” y que estas ayudas también “servirán para saldar una deuda de país” con las mujeres con discapacidad, así como con las personas con autismo, grandes necesidades de apoyo y que residen en entornos rurales, cuya “realidad”, dijo, será “prioritaria” en esta convocatoria.

Por último, expresó también su agradecimiento a Fundación ONCE por “dejarse la piel para sacar adelante una política pública solvente que ofrece certeza al presente y futuro de las personas con discapacidad” y dijo esperar que “mucha gente” pida estas ayudas.

A continuación, tuvo lugar un diálogo en el que participaron el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez y la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez, junto a Rozelyn Azocar, Ángela García y Marta Lorente, tres mujeres con discapacidad beneficiarias del programa.

Durante su intervención, Pérez Bueno definió estas ayudas como “una especie de banco de pruebas” que son “necesarias” para cubrir “necesidades insatisfechas” mientras “llegan los apoyos reglados y estructurados” y para llegar “donde los sistemas públicos no llegan”.

Junto a ello, reconoció que dentro del movimiento de la discapacidad y las políticas públicas se ha “tendido a hacer lo más sencillo, orillando las necesidades complejas de las personas con discapacidad atravesadas por múltiples fragilidades y vulneraciones” y urgió a poner el “foco” en las personas “con mayores necesidades de apoyo”.

En la misma línea, la vicepresidenta ejecutiva de Cermi Mujeres, Ana Peláez, reivindicó que la educación “tiene un valor instrumental muy importante para las personas con discapacidad, particularmente vinculado a la realización de todos los demás derechos”, convencida de la importancia de “prestar atención” a la “importantísima brecha de género” que, pese a que “se ha avanzado en estos últimos años”, aún persiste.

Por último, Rozelyn Azocar, Ángela García y Marta Lorente compartieron su experiencia como beneficiarias de este programa y recomendaron “100%” solicitar estas ayudas, si bien reclamaron mejorar su difusión.