Así lo anunció este jueves el departamento de Bustinduy en un comunicado en el que recordó que “perseguirá” esta práctica, al entender que supondría una “infracción” de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y que se consideraría una “práctica comercial desleal”.

A partir de estos preceptos y “retomando” el convenio suscrito entre Consumo y la FEMP para desarrollar un marco común de colaboración en la protección de los consumidores, la Dirección General de Consumo ha remitido una carta a esta federación para ofrecer a las ciudades españolas la oportunidad de que puedan “unirse” a las acciones emprendidas por el gabinete de Bustinduy con el objetivo de “poner fin” a la publicidad de alojamientos turísticos sin licencia.

Esta acción llega después de que Consumo enviara requerimientos a plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre qué viviendas estarían incurriendo en esta infracción, pesquisas que, a su juicio, “ahora se podrían intensificar con la información que puedan aportar los ayuntamientos”.

Por esta razón, el ministerio de Bustinduy pone sus competencias “a disposición” de los consistorios para trabajar “de forma conjunta” en la “identificación” de viviendas “no habilitadas para operar como turísticas”.

La Dirección General de Consumo recuerda que dispone de capacidad sancionadora desde el año 2022 y que “va a estudiar” la “posibilidad” de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que, según el precepto legal, pueden llegar a calificarse como “infracciones graves” y sancionarse con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se podría sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Por otra parte, Consumo advierte en su misiva a la FEMP del “importante impacto” en el “modelo de ciudad” que tienen las viviendas turísticas y señala la “necesaria colaboración que debe haber entre las distintas administraciones” para poder “garantizar” que se cumplen los derechos de los consumidores y usuarios, así como para “velar” por una competencia legal en un sector “que profundiza en la habitabilidad de las ciudades”.