Así lo anunció Bustinduy en el marco de la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030, que presidió y en cuya reunión participaron representantes de todas las comunidades autónomas, excepto Galicia y Castilla y León, así como nueve consejeros, varios viceconsejeros y secretarios generales, incluido el de la Federación Española de Municipios y Provincias, además del secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la directora general de Agenda 2030, Paula Fernández-Wulff.

En el transcurso de la conferencia, el ministro hizo hincapié en la importancia que tiene la Agenda 2030 en un contexto como el actual, en el que, subrayó, “somos testigos de conflictos como el de Gaza y Ucrania, fracturas geopolíticas preocupantes y un empeoramiento de la crisis climática y eco-social”.

En este contexto, aseguró que los ODS deben ser una “herramienta ante la incertidumbre” y ofrecer un horizonte “que genere esperanza en vez de angustia”, convencido de que la Agenda 2030 trata de “cómo combatir la pobreza y las desigualdades económicas y de género y de cómo transformar nuestro modelo productivo, de consumo y energético a uno más sostenible e inclusivo”.

A este respecto, aseveró que los ODS “son tremendamente positivos”, pese a que, a su entender, “se han convertido en un chivo expiatorio que algunos usan para eximir sus responsabilidades”.

EXAMEN NACIONAL VOLUNTARIO EN LA ONU

En paralelo, el ministro Bustinduy resaltó una de las acciones más relevantes que pondrá en marcha este año en torno a la Agenda 2030, como es someter a España al Examen Nacional Voluntario ante la ONU en julio, mes en el que viajará a Nueva York para presentar los resultados que ofrece el país y evaluar el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo.

Según precisó su gabinete, lo hará en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y España se convertirá así en el “primer país del mundo que se somete por tercera vez a este examen voluntario”.

Por esta razón, se están “reactivando” los órganos de gobernanza implicados en el desarrollo de estos objetivos, según indicó Bustinduy, consciente de que España "tiene por delante un reto complejo y laborioso", pero también "la oportunidad de convertirse en un referente internacional en la ampliación de derechos civiles y de los derechos sociales”.