Así lo defendió durante la sesión de control al Gobierno en el Senado en respuesta a la senadora de EAJ PNV Nerea Ahedo, que le preguntó cómo “valora” el Gobierno las ayudas económicas a la crianza por hijo o hija.

Durante su intervención, Bustinduy hizo referencia a un informe reciente de Save the Children según el cual el coste medio de criar a un niño en España es de 700 euros al mes y urgió a “hacerse una idea de la complejísima aritmética que enfrentan en el día a día millones de familias en este país” si se considera que “el salario mediano apenas supera los 1.800 euros y si se añade el coste prohibitivo del acceso a la vivienda y las dificultades de conciliación”.

“Yo considero que la prestación por crianza debe ser una herramienta para subsanar esta situación”, afirmó, para subrayar que ya en la legislatura pasada el Ejecutivo “avanzó” con el fin de conseguir “una cobertura casi universal” en el tramo de edad entre los cero y los tres años “de una protección mínima de 100 euros al mes”.

Tras defender que es “un primer paso del todo insuficiente, pero necesario en ese sentido”, incidió en que, por esa razón, la Ley de Familias que su departamento ha empezado a tramitar y los “compromisos” reflejados en el acuerdo de Gobierno “recogen” la “formalización” y el “establecimiento” de dicha prestación “como un derecho, de tal manera que se pueda ampliar y expandir gradualmente en el futuro”.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

A este respecto, recordó que en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado Sumar estaba “negociando” la que calificó como “necesaria ampliación de la cobertura de esta prestación hasta los seis años de edad” e insistió en que no renuncia a dicho objetivo, al entender que se trata de “una emergencia social y una prioridad absoluta” para su gabinete.

En este punto, dijo valorar “muy positivamente” el “esfuerzo” que “muchos” gobiernos, con el de Euskadi “a la cabeza”, han llevado a cabo en este ámbito, si bien aseguró que, “en ese mismo espíritu, el objetivo no puede ser otro que la adopción de una prestación universal por crianza hasta los 18 años de edad”. “Es decir, debemos consagrar un derecho universal de ciudadanía, que pueda mejorar la vida de millones de familias en este país”, abundó, para, ya en su dúplica, insistir en que “el objetivo no puede ser otro que una prestación universal por crianza que, efectivamente, debe llegar hasta los 18 años” y que cifró en “200 euros al mes como su cuantía idónea”.

Bustinduy reiteró que España “arrastra” un “déficit” de inversión en la protección “económica y social” de las familias de “alrededor de un punto porcentual del Producto Interior Bruto” en relación a la media europea y, a su juicio, “eso se traduce en unas cifras inasumibles de pobreza infantil”.

“Pero se traduce también en una falta de acompañamiento sistemática en la crianza por parte de los poderes públicos, lo que multiplica las desigualdades sociales, incrementa las dificultades de conciliación y empeora la calidad de vida de las familias”, sentenció.

ALGO INACEPTABLE Y UNA ANOMALÍA

El titular de Derechos Sociales puntualizó que esto “es algo inaceptable para un país rico y para una democracia que se considere avanzada”. “Por eso reitero que, para mí, el objetivo no puede ser otro que una prestación universal por crianza que, efectivamente, debe llegar hasta los 18 años y que, efectivamente, nosotros ciframos en 200 euros al mes como su cuantía idónea”, agregó.

“Es una anomalía en el contexto europeo que España no cuente con una prestación de este tipo y, de hecho, estoy convencido de que, cuando la adoptemos y veamos sus efectos, nos llevaremos las manos a la cabeza por no haberlo hecho antes”, apostilló, para señalar que su Ministerio “va a pelear por este objetivo, por una prestación por crianza como derecho universal de ciudadanía”, convencido de que esta propuesta “debería ser objeto de un gran acuerdo de país”.

“Creo que debería contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas y, para eso, una vez más, hoy aquí les tiendo la mano”, dijo, dirigiéndose a los grupos parlamentarios, consciente de que, con la tramitación de la Ley de Familias en las Cortes será posible “dar un paso importante en ese sentido” y de que en dicho proceso “podrán ser resueltas todas las dudas o todas las ambigüedades que pueda haber”.

POBREZA INFANTIL

Por su parte, Ahedo lamentó que el riesgo de pobreza en la infancia es “muy superior” en España con respecto a la media de la OCDE y que la formación de Bustinduy “haya perdido cierta ambición”, porque, a su entender, “no deja de ser curioso que se estén planteando 100 euros por hijo al mes hasta los tres años cuando mantenían 200 hasta los 18”.

Asimismo, reivindicó las políticas articuladas por el Gobierno vasco en este área, que, manifestó, “benefician a más de 53.000 familias” y admitió que a su grupo parlamentario también le “extraña” que en el proyecto de ley el gabinete de Bustinduy “plantea” una renta de crianza, “entre otras medidas”, pero, “a la vez”, consigna que “el desarrollo de las medidas, derechos, garantías, servicios y apoyos que se contemplan en la ley queda supeditado a la disponibilidad presupuestaria de las administraciones públicas competentes”, esto es las comunidades autónomas.

“Ustedes invitan y otros pagan si pueden o si quieren y están creando una expectativa que se cumplirá sí o no y que se cumplirá según dónde”, resolvió, preguntándose “en qué quedarán realmente” las “promesas” del Gobierno.