En las misivas Bustinduy les insta a que "adopten las medidas y actuaciones que sean necesarias, de acuerdo al Derecho Internacional y la propia Agenda 2030, de cara a evitar el riesgo de que sus actividades económicas en la zona puedan contribuir a las flagrantes vulneraciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina"., según informó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Por un lado, Bustinduy ha emplazado a las empresas a reportar al Ministerio las evaluaciones y estudios realizados por las mismas" para evitar los principales riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza".

Por otra parte, el ministro también ha instado a las compañías a rendir cuentas sobre las medidas que están adoptando "para prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar su actividad económica en la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza y en los Territorios Palestinos Ocupados".

Asimismo, el titular de la cartera de Consumo y Agenda 2030 ha solicitado a las empresas que informen al Ministerio sobre los mecanismos y disposiciones que han puesto en marcha para que las personas consumidoras tengan pleno conocimiento de las actuaciones que están llevando a cabo y así "evitar participar directa o indirectamente de las graves violaciones de derechos humanos que está sufriendo el pueblo palestino".

La carta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recuerda a las empresas que el pasado 26 de enero la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel adoptar medidas inmediatas y efectivas para impedir el genocidio en la Franja de Gaza. La orden de la Corte se sumaba a distintas resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que han puesto de manifiesto que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos suponen una grave vulneración del Derecho Internacional. Entre estas resoluciones, destaca el ministerio está la Resolución A/HRC/RES/31/36 que insta a los Estados a adoptar medidas para impedir que las empresas domiciliadas en territorio israelí y/o bajo su jurisdicción se abstengan de cometer violaciones graves de los derechos humanos de los palestinos o contribuyan a las mismas, conforme a las normas previstas en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Estos principios determinan la responsabilidad de las empresas de ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos identificando, previniendo y mitigando los efectos adversos de sus operaciones, incluyendo en sus relaciones comerciales y cadenas de valor.

En el caso de empresas que operan en territorio israelí, estas obligaciones se extienden a las operaciones que pudieran tener efectos sobre la población de los territorios palestinos ocupados. Esta doctrina internacional, de hecho, quedó recogida en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado en 2017, y en las obligaciones vinculantes contempladas en la Directiva UE sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo y que tiene ser traspuesta en el plazo máximo de dos años a la legislación española, explicó el Ministerio.