Esta es una de las propuestas legislativas que el Ejecutivo liderado por Ursula Von der Leyen presentó este miércoles para reformar las normas de gobernanza económica de la Unión Europea y abordar las “deficiencias” actuales de las reglas fiscales, que llevan suspendidas desde la irrupción de la pandemia de la covid-19.

Desde Bruselas defendieron que sus propuestas son “el resultado de un largo período de reflexión y un amplio proceso de consulta”. Esas conversaciones han llevado a la Comisión a mantener en el 3% y el 60% del PIB los valores de referencia para el déficit y la deuda, respectivamente, aunque con la aplicación de distintas medidas que pretenden salvaguardar la sostenibilidad de la deuda.

Entre ellas, pretende que los países con déficit excesivo –más del 3%– hagan ya un ajuste mínimo del 0,5% del PIB para reconducir su situación fiscal. Esto incluye a España, que fue el quinto Estado con más necesidad de financiación de Europa en 2022 –4,8%–.

En caso de no cumplir con este ajuste, las propuestas de la Comisión prevén multas para España que ascienden desde el 0,05% del PIB (660 millones de euros) hasta un importe máximo que corresponde con el 0,5% del PIB (6.600 millones), según el tiempo que se tarde en subsanar este incumplimiento.

Así, el sistema propuesto por Bruselas contempla una primera penalización del 0,05% del PIB, que cada seis meses podrá intensificarse si Bruselas considera que no se han tomado las medidas necesarias.

PLANES CUATRIANUALES

La propuesta de la Comisión plantea también que los países diseñen y presenten planes que establezcan sus objetivos fiscales, las medidas que aplicarán para abordar los desequilibrios macroeconómicos y sus reformas e inversiones “prioritarias”. Estos planes deberán contemplar un periodo de “al menos” cuatro años y sustituirán así los objetivos de deuda y déficit que se fijaban a medio plazo con las anteriores reglas fiscales.

Los Estados miembros establecerán sus propias vías de ajuste fiscal y los formularán en términos de objetivos de gasto plurianuales, “que serán el único indicador operativo para la supervisión fiscal, lo que simplificará las reglas fiscales”. En el caso de los países con el déficit disparado más allá del 3% o la deuda por encima del 60% –entre ellos, España–, la Comisión publicará una “trayectoria técnica” para “asegurar que la deuda se sitúe en una senda plausiblemente descendente o se mantenga en niveles prudentes”.

"Necesitamos reglas fiscales que se ajusten a los desafíos de esta década. Las nuevas reglas ayudarán a reducir los altos niveles de deuda pública de manera realista, gradual y sostenida. También mejorarán la apropiación nacional sobre la base de las normas comunes de la UE y reforzarán la aplicación. Unas finanzas públicas sólidas nos permiten invertir aún más en la lucha contra el cambio climático, digitalizar nuestra economía, financiar nuestro modelo social europeo inclusivo y hacer que nuestras economías sean más competitivas", afirmó Von der Leyen, quien espera "con interés un acuerdo rápido sobre esta reforma crucial".