Según informó el Ejecutivo comunitario, la decisión está motivada porque las autoridades españoles nohan realizado el informe de previsión sobre los efectos de este trazado de acuerdo con las condiciones de la Directiva sobre evaluación de las repercusiones ambientales de 1985 y su modificación de 1997.

Por no cumplir esta directiva, Bruselas también ha decidido llevar a los tribunales a Bélgica y Luxemburgo. En el caso de Bélgica, la legislación vigente en la región de Flandes no garantiza que, en los casos en que sea precisa una evaluación, sólo se expedirá un permiso de obras tras haberse tenido penamente en cuenta la información recogida en las fases previas del procedimiento.

La causa contra Luxemburgo se funda en el hecho de que la carretera del Sarre se autorizó sin que se realizara previamente una consulta pública sobre una modificación sustancial del proyecto.

La comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, declaró que la directiva de evaluación es "un elemento fundamental para tomar decisiones sensatas sobre el medio ambiente, y la Comisión trabaja en garantizar que las legislacines y práctica nacionales así lo reconozcan".