El Ejecutivo comunitario, que va a enviar un dictamen motivado a España, considera que este registro vulnera el Trato de la UE en lo relativo a la libre circulación de mercancías.

La Comisión sostiene que, a pesar de aplicarse tanto a los productos nacionales como a los importados, genera costes adicionales para estos últimos.

Aunque las autoridades españolas han alegado que las medidas están justificadas po la necesidad de proteger a los consumidores, la Comisión estima que los requisitos detallados que se exigen para el etiquetado "no son ni necesarios ni proporcionados respecto al objetivo declarado de garantizar la trazabilidad de los productos en cuestión", esto es, de conocer su origen.